Cinco razones por las que Tía María no va

La corriente oficial y la emboscada de la ruta hacia el “desarrollo territorial minero”

Por Marlene Castillo Fernández*

4 de julio, 2024.- Para el Estado peruano, la empresa Southern Perú Copper Corporation (SCPP) y un importante sector ciudadano privilegiado en el acceso al poder mediático concentrado y políticamente prisionero del crecimiento económico sin límite y del gobierno tecnocrático, el desarrollo territorial minero en nuevas zonas, como las del próspero Valle de Tambo (provincia Islay, Arequipa), de la cual dependen directamente alrededor de 10 mil familias, debe ir sí o sí. Aquí algunas evidencias administrativas privilegiadas para imponer la prioridad minera en el Valle desde la ejecución del proyecto Tía María de dos tajos abiertos:

a) La entrada casi automática a la ruta. Se otorga la concesión minera, sin consideración alguna especial cuando involucrará un Valle Agrícola como el Valle del Tambo (provincia Islay, Arequipa), un agroecosistema irrigado (despensa alimentaria del sur); como también sucedió hace más de 25 años con el Valle de San Lorenzo (despensa frutícola y del limón), en Piura, respecto al mega proyecto a tajo abierto en Tambogrande. Así se impone el otorgamiento de un derecho real para la extracción del mineral del subsuelo/roca a costa de poner en riesgo el derecho local de uso del terreno/propiedad agraria expuesto al posible impacto. Insisto, recordando al asesinado ingeniero Godofredo García Baca-QEPD, quien argumentaba, en su defensa del Valle San Lorenzo, que el Estado no cumplía ni hacía cumplir el mandato constitucional vigente: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario” (Artículo 88°); prioridad que no está constitucionalmente establecida para el desarrollo minero.

b) El entubado tramo del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el sí. El EIA-d es un instrumento de gestión ambiental que el titular del proyecto de gran envergadura presenta ante el Estado para demostrar que cuenta con un plan de acción para manejar los posibles impactos negativos altos sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean, buscando potenciar los posibles impactos positivos, así como prevenir, minimizar, rehabilitar y, de ser necesario, compensar los posibles impactos negativos. No es un instrumento para evaluar y determinar si los posibles altos impactos negativos pueden representar un alto riesgo de desastre; es decir, un alto riesgo de daños socio-ambientales graves/irreversibles, de tal modo que podría no sólo desaprobarse el EIA-d sino llevar a su cancelación. De allí, que la versión 2013 del EIA-d del proyecto Tía María aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, de modo rápido y negligente el 1 de agosto 2014, mantenga inconsistencias y vacíos críticos identificados en la lista de 156 observaciones resultantes de la evaluación oficial del EIA-d que la desaprobó técnicamente (versión 2009/2010), realizada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS/PNUMA contratada por el Ministerio (Informe 15 marzo 2011).  

En consecuencia, para imponer el sí va, en este tramo de la ruta administrativa se excluye/omite la opción del no va, al excluir/omitir la aplicación del Principio Precautorio que precisa la necesaria cautela en caso de conocimiento incompleto o parcial de las consecuencias/riesgo ambiental (probabilidad de daño ambiental grave/irreversible) asociadas a cierta actividad; consideración que podría justificar la adopción de medidas cautelares e incluso la prohibición de la actividad.

Pero, estas consideraciones no caben en el pensamiento prisionero del sagrado crecimiento económico ganancial sin límite y del ejercicio tecnocrático del gobierno minero (tal como lo sustentó Francisco Durand en “Poder Político y Gobierno Minero 2015). La expresión pública más reciente de este pensamiento entubado es la declaración del actual ministro de Energía y Minas, con 43 años de servicio en el sector minero como él suele repetir, el 1 de julio de este año:

“Antes de mi viaje, nos hemos reunido con la alta dirección de Southern Perú y se ha visto por conveniente que ya era motivo, ya el momento para poder iniciar. Hoy el Perú necesita inversiones, necesita generar empleo, necesita seguir avanzando en el crecimiento económico. Creo que este proyecto va a gatillar otros proyectos más" (Rómulo Mucho, MEM; en RPP Noticias)

De la promesa oficial del desarrollo del Valle de Tambo a la transacción Agua por Mina

Y así como la promesa incumplida de los candidatos presidenciales – Ollanta Humala, Pedro Castillo - y sus candidatos/as congresales por Arequipa fue defender el agua y el Valle de Tambo, en su pretensión oportunista para captar la votación electoral provincial; también eso ha sucedido con las candidatas Dina Boluarte y María Agüero, quienes estamparon su firma en el Acta de Compromiso con el Valle de Tambo, el 14 marzo 2021, que incluía demagógicamente la cancelación definitiva del proyecto Tía María y la Tapada así como la declaración de la intangibilidad del Valle de Tambo.

De modo semejante, el ministro de Energía y Minas actual, en sus declaraciones en RPP citadas “señaló que Tía María debe ir a la par con otros proyectos "como la construcción de la presa, la intervención misma del Estado en todas las brechas sociales que existen en el valle, y obviamente, más allá del proyecto, como nosotros siempre planteamos, el desarrollo integral del Valle del Tambo".

Una réplica similar de la promesa incumplida que hiciera hace 5 años, el entonces ministro Francisco Ismodes en ocasión del otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María, publicada en las notas de prensa del 19 julio 2019: “El titular del Minem añadió que continuando con la apuesta por el diálogo, el Gobierno continuará promoviendo el desarrollo territorial de la región Arequipa a través del Plan de Desarrollo Integral del Valle de Tambo y la Provincia de Islay, que contempla obras para el cierre de brechas en salud, educación, agua y saneamiento, entre otros. “Cubrir estas necesidades de la población de Arequipa, son nuestra verdadera prioridad”, señaló.

Así mismo, agregaría posteriormente el 10 de agosto: “Tenemos avanzado el estudio técnico de una represa de agua que favorecerá a los agricultores del valle del Tambo. Asimismo, hay un proyecto de agua y saneamiento por más de 900 millones de soles cuyo estudio técnico está en marcha. Son proyectos que tendrán un positivo impacto en el desarrollo de las comunidades (…) El proyecto generará más de 273 millones de soles anuales en canon y regalías".

Por cierto, el Valor Bruto de la Producción Primaria de la provincia de Islay (agricultura, pecuario y pesca artesanal) calculado en valores de campo del 2010, fue de 272 millones de soles anuales; cifra similar por concepto de canon y regalías anuales de vigencia temporal-18 años (ver fuente en la nota 1 de la autora).

Pero, la promesa oficial incumplida de la represa de agua para beneficio del Valle de Tambo data de hace más de 30 años, con ocasión de la desviación de aguas de la parte alta de la cuenca del río Tambo a favor del proyecto-Represa de Pasto Grande/Moquegua, y a modo de contención de la protesta agraria. Ahora, desde hace 2 a 3 años esta promesa oficial tiene dos versiones: i) el proyecto de represa Yanapujio, desde la gestión e inversión pública nacional-MIDAGRI/PSI, aún en etapa de estudios pre-inversión; y, ii)  la propuesta de represa de Paltiture, desde la oferta de inversión de la SPCC a modo de transacción Agua por Mina. No es ninguna exageración, a las declaraciones mediáticas siguientes de su titular me remito:

5 razones por las que el proyecto de los tajos Tía María y La Tapada no van

1. Alto riesgo de desastre de afectación de la salud humana ambiental y de los medios de vida de las poblaciones dependientes de la producción agraria, de zonas expuestas y vulnerables a la contaminación atmosférica con gases y partículas contaminantes respirables y sedimentables (PM2.5 y PM10) proveniente de la perforación, voladuras, chancado, desmontes, depósito de sulfuros, transporte minero; con mayor peligro cuando se haga a extracción simultánea en los dos tajos (La Tapada y Tía María – cuas bocas de mina se extienden en 138 y 168 hectáreas respectivamente) totalizando en promedio  148,000 toneladas extraídas por día durante 9 años, de los 18 años de explotación). En un espacio de Valle – sin barreras geofísicas- donde discurren vientos de Noroeste (tajos) a Sureste (valle) en las noches, escenario que no considera el EIA en el modelamiento respectivo; ni tampoco considera las implicancias en el centro poblado El Fiscal con la direccionalidad al norte de los vientos en el día.
2. Alto riesgo de desastre por afectación en la disponibilidad y calidad de las aguas destinadas al consumo humano y uso industrial-comercial desde Cocachacra hasta Mollendo en la provincia de Islay, que conduce y distribuye el canal la Ensenada Mejía Mollendo cuya toma de aguas del río Tambo se ubica en la parte baja de la ladera de la pampa Yamayo donde operará el Tajo La Tapada (boca mina a 350 m.s.n.m), y el tramo correspondiente del canal se ubica a una distancia de 1.2 km del tajo y a 130 metros de altura de la boca mina. Afectación del tramo expuesto del canal a consecuencia de alteración geofísica de la ladera/inestabilidad que la sostiene y/o la contaminación de sus aguas con partículas/gases contaminantes, resultantes de las voladuras y con mayor peligro cuando se haga a extracción simultánea en los dos tajos. El EIA aprobado no ha considerado en su estudio este Canal.
3. Alto riesgo de desastre por afectación en la disponibilidad y calidad de las aguas – subterráneas y superficiales – que cursan en el río Tambo y el Valle de Tambo, las que se tornan críticas en la época de estiaje; la vulnerabilidad hídrica es el principal limitante socio-ambiental. Afectación a consecuencia de la alteración/inestabilidad geofísica de las rocas fisurada/fracturada y de la alteración física y bioquímica de los flujos del acuífero de roca que drenan hacia el lecho aluvial, los que tendrían contacto con el acuífero aluvial del río y del Valle y, por tanto la alta probabilidad de contaminación de los mismos con metales/metaloides liberados por el drenaje de agua ácida proveniente de la capa de sulfuros del tajo, cuya extracción la expone a su reacción con el oxígeno, el agua subterránea y la bacteria especifica. Ninguno de los EIA, en el respectivo estudio hidrogeológico, se incorpora el uso de piezómetros en la zona de la ladera del Tajo La Tapada, próximo y casi perpendicular al curso del río Tambo.
4. Alto riesgo de desastre por la desprotección socio-ambiental de las políticas de facto. A consecuencia de la primacía de las políticas de facilitación de las inversiones mineras de tajo abierto (y de las rentas fiscales) y la correspondiente sujeción de las políticas e instrumentos de evaluación de impactos ambientales (EIA) y la nula aplicación del principio precautorio ante probable daño ambiental irreversible. Como es el caso del EIA aprobado del proyecto Tía María (2014), a pesar de no haber absuelto las observaciones de la UNOPS (2011) y contrariamente, con as modificaciones incorporadas, haber aumentado la peligrosidad minera con la operación simultánea de los dos tajos y la introducción de la planta para desalinizar el agua en la playa Sombrero (sin estudio de factibilidad), que afectaría el ecosistema marino salobre y la zona expuesta del Santuario Nacional Lagunas Mejía. Con el agregado de que el EIA-2014 aprobado excluye de políticas de gestión de impactos ambientales al Valle de Tambo (12 mil has físicas y 20 comisiones de regantes) al excluirlo del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
5. Por constituir un proyecto que afecta gravemente la legitimidad de la democracia y propicia la conflictividad local-regional porque no cuenta con el consentimiento social/licencia social (Consulta Popular 2009), porque está siendo impuesto a la fuerza durante 15 años (9 muertos, cientos de heridos, cientos juzgados y terruqueados, dirigentes de la Junta de Usuarios criminalizados), comprando la voluntad de sectores de la población, condicionando la construcción de una represa de agua – derecho legítimo y acuerdo incumplido  por el Estado - previa aceptación social del proyecto.

Finalmente, llama la atención la subida rápida al avión mediático de la SPCC, por parte de una lista variopinta de personalidades de la élite mediática que fungiendo de contar con el saber de lo que está en cuestión con la ejecución del megaproyecto y de contar con el poder de influir en sus pares intelectuales ha publicado un comunicado que incluye una declaración de fe respecto a la garantía ambiental gubernamental. Sin más comentarios me remito a citar el párrafo de la élite de notables:

“El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos (…)”. Entre las tareas de los grandes actores plantean: “3. El gobierno que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías: a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar en contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo” (En: Acuerdo por el Desarrollo. A propósito del proyecto Tía María-Junio 2024)

Nota de la autora:

Los aportes publicados que nos sirven de referencia clave y en cuyos estudios participe son dos:

Sobre la importancia del Valle de Tambo y su exposición/vulnerabilidad ante la minería a tajos abiertos peligrosos descrita en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María (versiones 2009 y 2010). Puede descargarse en: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/valle-de-tambo-islay-territorio-agua-y-derechos-locales-en-riesgo-con-la-mineria-a-tajo-abierto-2/

Sobre la configuración de alto riesgo para la sustentabilidad del Valle de Tambo desde el examen de las implicancias del EIA aprobado en agosto 2014 en primera instancia administrativa y confirmada en marzo 2015; publicación que incorpora los alcances de las exposiciones a mi cargo, en los debates técnicos con los expertos de la empresa titular del proyecto (SPCC) en el Auditorio de la UNALM (Lima, julio 2015) y en el Auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa (2015). Puede descargarse en: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/aportes-tecnicos-que-cuestionan-la-viabilidad-del-proyecto-minero-tia-maria-en-islay-arequipa-2015/

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* Marlene Castillo Fernández es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nació en Aija, en Áncash, pero en la actualidad vive en Lima.