Tras casi 10 años de presentada la demanda, comunidad campesina de Jatucachi (Puno) logró que el Poder Judicial anule concesiones mineras que fueron otorgadas sin consultar con la comunidad.
Servindi, 4 de julio, 2024.- Una sentencia contra entidades mineras del Gobierno emitió el Tercer Juzgado Civil de Puno por vulnerar derechos de la comunidad campesina de Jatucachi a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación.
El fallo anula concesiones mineras de tres empresas y declara caduca otras 10 concesiones. Además, ordena que el Minem y el Ingemmet no repitan acciones u omisiones que vulneren el derecho a la consulta previa.
Esto último con el fin de garantizar que no se otorguen nuevas concesiones sin la debida consulta a la comunidad de Jatucachi que vulneren sus derechos reconocidos en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
La sentencia, que anula las concesiones de las empresas Cultinor SAC, Minera del Norte SA y Aruntani SAC, hace justicia a la población aimara de Jatucachi que viene luchando por sus derechos desde hace casi una década.
Es importante recordar que la Ley 29785, aprobada en 2011 y conocida como ley de consulta previa, establece que todo acto administrativo que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser consultado.
“Nosotros nos sentimos muy indignados por las empresas mineras que se llevan nuestros minerales y dejan contaminación como la empresa Aruntani. Por eso ya no queremos que esas empresas ingresen. Tienen que ser bajo una consulta con la comunidad”, expresa Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi.
Para Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, el fallo judicial emitido por el Tercer Juzgado Civil de Puno en este caso es relevante para los procesos de consulta previa.
“Esta sentencia es importante pues, hasta la fecha, INGEMMET y el Minem, con el apoyo de las mineras, se empeñan en no consultar las concesiones mineras, argumentando que las concesiones no otorgan ningún permiso de realizar la exploración a menos que la comunidad no lo autorice”, señala.
Demanda se presentó hace casi 10 años
Afectada por actividad minera en la región Puno, la comunidad campesina Jatucachi presentó en septiembre de 2015 una demanda de amparo ante el Poder Judicial (PJ) para exigir que sus derechos sean respetados.
La demanda fue interpuesta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).
En la demanda, la comunidad pidió que el PJ anule la actividad de 13 concesiones mineras y que suspenda las actividades de exploración de otra concesión, perteneciente a la empresa Aruntani.
Además de ordenar al Viceministerio de Interculturalidad realizar la consulta previa en debida forma a todas las comunidades que pudieran resultar afectadas en el desarrollo del proyecto.
En 2017, el Tercer Juzgado Civil de Puno declaró fundada la demanda y la nulidad de las 13 concesiones.
Sin embargo, en el transcurso del proceso judicial, la Sala Civil de Puno dispuso que se incorpore a las empresas titulares de las concesiones mineras en el proceso, lo que extendió aún más la espera por la decisión final del PJ.
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