ONU cuestiona a Perú por violar derechos en Pque. Nac. Cordillera Azul

Servindi, 4 de mayo, 2023.- Una carta al Estado peruano envió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) pidiéndole información sobre la subsanación de afectaciones a los derechos indígenas por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su proyecto REDD+.

La comunicación oficial enviada el 28 de abril se tramitó como parte de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, sobre las afectaciones a los derechos humanos y territorios del pueblo Kichwa y otros pueblos indígenas.

La carta del CERD se produce en respuesta a una petición formal presentada por organizaciones del pueblo Kichwa anterior al 107º período de sesiones del CERD, que tuvo lugar en agosto de 2022 en Ginebra.

En ella pidieron al CERD una acción urgente de exhortación al Estado peruano para que tome medidas inmediatas frente al proyecto de conservación excluyente que se está llevando a cabo en el PNCAZ de espaldas a los derechos del pueblo Kichwa.

El Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Proyecto REDD+, es conocido a nivel internacional por vender decenas de millones de dólares en créditos de carbono a grandes empresas sin consultar a las comunidades kichwa en cuyos territorios se desarrolla. 

Las organizaciones impulsoras de la petición son el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín de la Región San Martín (FEPIKBHSAM).

Todas ellas junto con la Coordinadora para el Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), organización regional de la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

El conjunto de peticiones de información formuladas por el CERD tienen como plazo de respuesta el 21 de julio de 2023.
 

• Descargue la carta del CERD al Estado peruano en español con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3HBusfG

El CERD resalta que el PNCAZ fue creado en 2001 sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.

Al mismo tiempo que el lento proceso de reconocimiento estatal de las comunidades indígenas bajo la figura de “comunidades nativas” ha resultado en la falta de protección jurídica de sus territorios y recursos naturales.

La carta también detalla las restricciones al uso y acceso impuesto por el PNCAZ sobre los pueblos indígenas y los impactos negativos que esto ha conllevado para sus medios de vida, seguridad alimentaria y la transmisión de sus conocimientos ecológicos tradicionales.

El CERD recuerda la falta de consulta para la implementación del Proyecto REDD+ Cordillera Azul en 2008, así como la falta de información y transparencia en su gestión por parte de la ONG de conservación, el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA). 

Esto también se ha reflejado en una falta de participación de las comunidades indígenas en la gestión del Parque y en el Proyecto REDD+.

El CERD también resalta casos de intimidación, amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos del pueblo Kichwa. 

Al respecto en marzo de 2022, FEPIKECHA, la Comunidad Nativa Kichwa de Anak Kurutuyacu, la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, Forest Peoples Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una solicitud de acción urgente al CERD.

Ello debido al aumento de los actos de discriminación estructural por parte del Estado peruano, con una falta de avances en los procesos de titulación prolongando la desprotección de los territorios colectivos kichwas.

Todo ello luego se traducía en intimidación, amenazas y ataques contra los defensores kichwas e impunidad por la deforestación y la destrucción de territorios kichwas sin título. 

A mayor abundamiento

La comunicación del CERD aparece tan solo dos semanas después de la notificación de una sentencia histórica de l Juzgado Mixto de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín a favor de la comunidad Puerto Franco del pueblo Kichwa.

El fallo judicial ordena que se inicie la titulación de su territorio ancestral, cuya mayor parte se superpone con el PNCAZ. 

Además, se reconoce por primera vez en el Perú, el derecho de las comunidades a los beneficios que las actividades de conservación generan, como el de la venta de créditos de carbono a través del Proyecto REDD+ del PNCAZ. 

A pesar de que el fallo de primera instancia pueda ser objeto de impugnación por las entidades demandadas, entre ellas CIMA y SERNANP, el Forest People Programme considera que es un buen precedente en la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades kichwa.

“Para mí como dirigente de las comunidades nativas del Bajo Huallaga, es una noticia grata saber que las Naciones Unidas están dándonos atención justa y necesaria para amonestar y llamar la atención a gestores del Parque, que han hecho mucho abuso y discriminación de las comunidades kichwas del Bajo Huallaga. Yo creo que es una comunicación totalmente acertada que nos ampara y cobertura sobre todo en defender los derechos humanos de nuestras comunidades. Un gusto saber esta noticia. Este no es un resultado de la noche a la mañana, si no parte del trabajo articulado. Algo se está avanzando. El Estado peruano en todo aspecto vulnera los derechos humanos de nuestras comunidades en salud, educación y en el territorio. Está bien que se atiende desde el Comité, pues se ha creado el PNCAZ vulnerando derechos (...)” - Samuel Pinedo, presidente de FEPIKBHSAM.

“En cuanto a la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas en el mercado de carbono, el extractivismo de este gobierno fomenta el cambio climático llevándonos al punto de no retorno y expulsándonos de nuestros territorios. Se han incrementado iniciativas privadas globales para la reducción de emisiones, pero son falsas soluciones. No son concretas. No hay una norma que pueda decir: “el mercado de carbono está estandarizado y estos son los estándares”. 

El financiamiento climático se sigue diseñando y promoviendo sin la participación de nosotros los pueblos indígenas. Los beneficios son mínimos para nuestros pueblos y la mayor parte queda en el Estado y ONG (…) Siguen las malas prácticas del capitalismo que deben romperse. El actual modelo de mercado de carbono presenta riesgos para los pueblos indígenas por la falta de entendimiento de los contratos, la falta de condiciones para una negociación justa y teniendo compradores finales que contaminan el planeta. Es algo preocupante. No sabemos a quién lo venden. Algunos capitalistas que contaminan en una parte no pueden venir a lavarse la mano diciendo que están aportando a la mitigación del cambio climático comprando carbono por actividades hechas por la comunidad. Preocupante que el Estado peruano no dice nada de los piratas de carbono. 

Desde AIDESEP hemos elaborado REDD+ Indígena Amazónico (RIA), que redefine REDD+ con la cosmovisión indígena, nuestros planes de vida plena, la seguridad territorial, el manejo holístico integrado del bosque (…) Seguimos planteando el financiamiento directo a los pueblos indígenas, no a la venta de créditos de carbono, y que normas nacionales e internacionales regulan el mercado de carbono, y creación de mecanismos independientes de quejas por áreas naturales protegidas en nuestro territorio. Nosotros los pueblos no nos hemos superpuesto ¡Que lo tengan claro el Estado peruano y el mundo! Son ellos quienes se han superpuesto a nuestros territorios ancestrales que hemos cuidado y somos parte de ellos. Y así, pedimos también que el relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas debe convocar al trabajo articulado con pueblos indígenas para recomendaciones a Estados sobre la regulación del mercado de carbono (…) Ya no más exclusión, discriminación sistemática a los pueblos indígenas. Eso debe cesar.  - Wilfredo Tsamash, pamuk de la CODEPISAM.

“El Estado no tiene en cuenta a las comunidades ni respeta a los pueblos indígenas. Solamente tratan de visibilizar algunas cositas en avances interculturales, pero para el Estado en bosque ni en territorio existimos. Esperamos que el Estado a raíz de esta comunicación de las Naciones Unidas, que nos consideren nuestros reclamos territoriales como pueblo kichwa y nuestra participación total en los planes de conservación y el cuidado del ecosistema y de los bosques” Nelsith Sangama, dirigente nacional de AIDESEP .

“La presidenta del Perú carece de legitimidad y ha causado la muerte de más de 60 personas. Y eso que no incluye a los asesinados por la defensa de la Amazonía peruana y sus territorios ancestrales para que las futuras generaciones tengan donde vivir y compartir con respeto a las deidades que existen. Los mecanismos de defensores no funcionan. Recalco que los asesinatos siguen y el último líder indígena fue Santiago Contoricón de la nación asháninka” - pamuk Wilfredo Tsamash, sobre la situación de hostigamiento a líderes y líderes indígenas kichwas y en general en la Amazonía peruana.

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