Informe anual del IDL ofrece los principales logros judiciales que obtuvieron en casos de protesta social, contaminación por actividades extractivas y acceso a la justicia, entre otros.
Por Renzo Anselmo
Servindi, 5 de mayo, 2021.- El Área de Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL) pone a disposición de la ciudadanía su informe “2020: un balance anual del litigio estratégico para el cambio social”.
El documento recoge los principales logros judiciales que obtuvo la institución durante el 2020 en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y los de otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
Los logros están agrupados en cinco ejes a lo largo de once páginas y puede revisarlos ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3vHfbkQ
Los cinco ejes referidos son criminalización de la protesta social, contaminación por actividades extractivas, territorios indígenas, acceso a la justicia de los pueblos indígenas y discriminación racial y de género.
En el eje de criminalización de la protesta social se incluyen tres casos: el de Cotabambas (Apurímac), el de los servicios policiales extraordinarios y uno sobre el delito de extorsión.
El eje de contaminación por actividades extractivas, por su parte, presenta el caso de Espinar (Cusco) y el de Cuninico (Loreto).
Mientras que el caso de la Ley N° 30230, conocida como el “paquetazo ambiental”, es presentado en el eje de territorios indígenas.
En el eje de acceso a la justicia de los pueblos indígenas se detalla el caso de la Corte de Amazonas; y en el de discriminación racial y de género, el de la Paisana Jacinta.
Finalmente, el documento presenta algunas lecciones y desafíos sobre las herramientas del litigio estratégico y la ejecución de las sentencias constitucionales.
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