Foto: La República.
Servindi, 3 de octubre, 2018.- Los centros de rehabilitación juvenil de Lima y Callao no cuentan con políticas especializadas en poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, discapacitados y personas LGTBI.
Así lo reveló el segundo informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentado ayer por la Defensoría del Pueblo.
Para este estudio, se realizaron visitas a cuatro centros de atención residencial públicos para personas adultas mayores en Lima y Callao y permitieron constatar que estos lugares no cuentan con protocolos estandarizados para el cuidado de sus residentes, generando deficiencias en la prestación de los servicios.
Además, el estudio evidencia que el 34% de los internos han sido víctimas de agresiones de parte de los funcionarios de justicia como también la ausencia de políticas internas a favor de las poblaciones vulnerables, omitiendo sus necesidades e incluso su existencia.
Entre otros datos, la institución resalta que los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil Santa Margarita, el de Lima (Maranguita) y el Anexo de Ancón no cuentan con un registro actualizado de la población indígena que se rehabilita en sus instalaciones.
Asimismo, estos centros desconocen qué porcentaje de sus integrantes pertenecen a la comunidad LGTBI, ni mucho menos cuántos jóvenes internos tienen algún tipo de discapacidad.
Para Porfirio Barrenechea, encargado de la Dirección de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, es necesario visibilizar a estas personas ya que “va a permitir mejorar el tratamiento que llevan y entender las diferencias culturales para que de esa forma se aplique el régimen correcto”.
Finalmente, destaca que la ausencia de áreas especiales genera un ambiente con mayores riesgos de tortura y malos tratos. “Ellos, además de representar un número, están en una condición de doble o triple vulnerabilidad", aseveró Barrenechea en una entrevista para La República.
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