Gobierno busca controlar la cobertura periodística durante las protestas

Con cuestionado protocolo, el gobierno de Boluarte pretende decirles a los periodistas qué grabar o no durante las protestas y de no hacer caso, que se atengan a las consecuencias.

Servindi, 3 de marzo, 2023.- Un contundente rechazo ha recibido el protocolo para periodistas publicado por el Gobierno que buscaría controlar la forma en cómo los trabajadores de prensa cubren las protestas en el Perú.

El documento establece que la Policía decidirá donde pueden ubicarse los reporteros, no considera periodistas a los que trabajan en medios independientes y los deja sin protección si no acatan las indicaciones policiales.

Gremios periodísticos e instituciones de derechos humanos del país han cerrado filas contra este protocolo y exigen su archivamiento, pues alertan que amenaza la libertad de expresión, prensa e información.

El gobierno de Dina Boluarte, que publicó el protocolo el 28 de febrero, ha dado 10 días para recibir comentarios y afinar el documento, con el fin de publicarlo posteriormente como decreto.

Cabe señalar que el protocolo se publica en medio de un contexto de protestas contra el Gobierno, donde los periodistas denuncian ser agredidos por la Policía por exponer la represión del Estado.

El origen del protocolo

La idea de crear un protocolo para evitar que la prensa siga siendo maltratada durante la cobertura de protestas provino de los gremios de prensa, luego de la masacre en Puno, ocurrida a inicios de año.

Los gremios le plantearon al Gobierno que elabore un protocolo con este fin, pero que sea un protocolo dirigido a los policías, que son también una fuente de agresiones para periodistas en protestas.

Así, entre enero y febrero, hubo un par de reuniones, con representantes de la Presidencia, el Ministerio del Interior, e incluso se convocó a la Unesco para que aporte lineamientos básicos, reveló La Encerrona.
 

Intención inicial de gremios periodísticos con creación de protocolo fue que se proteja a periodistas de todo tipo de agresión, incluida la policial. Gobierno lo está utilizando para controlar su labor.

Los gremios periodísticos plantearon que se cree un sistema de denuncia digital contra policías que amedrentaban periodistas, y la Unesco propuso ocho lineamientos en favor de la protección de los periodistas.

Estos incluían el acceso de justicia para periodistas agredidos, reglas de no impunidad, que se prohíba expresamente confiscar o destruir material periodístico y detener arbitrariamente a reporteros.

Al ver un primer borrador presentado por el Gobierno que no consideraba las recomendaciones y no admitía que los policías también agredían a la prensa, diversos gremios periodísticos se retiraron de las reuniones.

Finalmente, se fueron quedando solo los representantes del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), una asociación que en octubre de 2022 fue cuestionada por premiar a periodistas difusores de noticias falsas.

Rotundo rechazo

Fue tras este contexto que el Gobierno, sorpresivamente, decidió publicar el 28 de febrero el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención de periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”.
 

El documento, de inmediato, generó el rechazo de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), organización que durante las protestas ha acompañado y denunciado la agresión policial contra periodistas.

El gremio advirtió que el protocolo fue elaborado de forma exprés y presenta “serios problemas de fondo y forma de difícil subsanación” y que en la práctica no protege a los periodistas.

A la ANP se sumaron luego el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) que consideró “peligroso para la libertad de expresión” el protocolo pues “implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas”.

El Consejo de la Prensa Peruana pidió “archivar el protocolo de seguridad para periodistas del Ministerio del Interior al interferir en la independencia periodística”.

Seguidamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó una gráfica donde enumera las amenazas que trae consigo el protocolo del gobierno a la libertad de expresión, prensa e información.

Por ejemplo, solo reconoce como periodistas a los que son colegiados o de prensa extranjera, que la Policía puede decidir dónde ubicar a los periodistas en las protestas, entre otros aspectos.

Mientras que la Defensoría del Pueblo advirtió que el protocolo “no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”.

Esta última institución también advirtió que las recomendaciones que hicieron en enero al Ejecutivo a la propuesta del protocolo para periodistas, no han sido acogidas pese a su importancia.

Y reiteraron la importancia de que un texto así incluya acciones inmediatas que la autoridad a cargo de un operativo debe disponer para proteger a periodistas agredidos por actos de violencia o por miembros de las fuerzas del orden.

La polémica generada por este protocolo para periodistas ha alcanzado a instancias internacionales y ha merecido el pronunciamiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Registro con preocupación y comparto los serios cuestionamientos del periodismo peruano a este protocolo. Hago un llamado al Gobierno para reconsiderarlo”, manifestó Pedro Vaca, este 3 de marzo.

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