La llegada del APEC y la posible implementación de megaproyectos en la región no pueden ser evaluadas únicamente desde la perspectiva del crecimiento económico. Es imprescindible que el gobierno regional y nacional tomen medidas concretas para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.
Por Ronald Suarez Maynas*
2 de setiembre, 2024.- Del 9 al 13 de septiembre de 2024, Pucallpa será sede de la Reunión Ministerial de Pequeña y Mediana Empresa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento de gran importancia para las economías de la región. Según declaraciones del embajador Carlos Vásquez a Andina Canal Online, uno de los objetivos principales es la elaboración de una hoja de ruta que facilite la transición de los actores económicos informales a una economía formal y global.
El embajador Vásquez también destacó que la presencia de delegados de las economías de APEC superará las expectativas iniciales, con más de 12,000 participantes y 2,500 periodistas que cubrirán las actividades de la semana de Líderes Económicos en noviembre. Esta masiva afluencia no solo subraya la importancia de la reunión, sino que también plantea desafíos logísticos y de seguridad, especialmente en una región que enfrenta tensiones relacionadas con la tenencia del territorio y los derechos de los pueblos indígenas.
El entusiasmo del gobierno regional de Ucayali es palpable, promocionando este evento como una oportunidad estratégica, destacando la ubicación geoestratégica de Ucayali y su abundancia en recursos naturales. Este foro reunirá a 21 economías miembro, incluyendo potencias como China, Estados Unidos, Japón y Rusia, lo que supone un marco de grandes expectativas para el desarrollo económico de la región. Sin embargo, más allá del brillo de la internacionalidad y la promesa de inversión, es esencial plantearse algunas preguntas críticas. ¿Qué beneficios reales traerá este evento para los pueblos indígenas? ¿Estamos realmente preparados para enfrentarnos a los desafíos que podrían acompañar la llegada de grandes industrias?
Algunas comunidades están entusiasmadas con esta actividad viendo la situación de inmediatez, porque ven los spots promocionados en versión bilingüe que llegarían cientos de turistas y creen que pueden vender sus artesanías que la mayoría de los integrantes del pueblo Shipibo, en este caso, tienen sus iniciativas emprendedoras. Por ahora no tenemos casi nada que ofrecer, no estamos organizados en grupos empresariales para ofrecer más cosas.
La seguridad jurídica y la titulación de territorios: un asunto pendiente
Uno de los mayores problemas que enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonía peruana es la falta de seguridad jurídica sobre sus territorios. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente el 20% de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana aún no cuentan con títulos de propiedad, y muchas otras enfrentan superposiciones territoriales con concesiones forestales, mineras o agroindustriales. Este es un tema crítico, ya que la falta de titulación deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad ante las invasiones y la explotación de recursos sin su consentimiento.
El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú, establece que los gobiernos deben tomar medidas para identificar y proteger las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Sin embargo, en la práctica, el Estado ha sido lento en cumplir con estas obligaciones, lo que genera tensiones constantes en la región.
La llegada de grandes industrias: un dilema para los pueblos indígenas
El APEC no solo trae la promesa de inversión, sino también la posibilidad de un mayor interés en la explotación de los recursos naturales de la región. Un ejemplo claro es el proyecto del tren bioceánico Pucallpa-Brasil, que implicaría una inversión de 10 mil millones de dólares y abarcaría una longitud de 8,000 kilómetros. Si bien este proyecto podría mejorar la conectividad y el comercio, también plantea serias preocupaciones sobre su impacto en los territorios indígenas y en los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI).
Los PIACI son grupos extremadamente vulnerables que, por decisión propia, han optado por mantenerse aislados del resto de la sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se estima que en la región Ucayali habitan alrededor de 7,000 personas en aislamiento voluntario. Estos grupos dependen completamente de su entorno natural para sobrevivir, y cualquier alteración en su hábitat podría tener consecuencias devastadoras.
El artículo 21 de la Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial, prohíbe la realización de actividades extractivas en territorios donde se haya identificado la presencia de PIACI. Sin embargo, en muchos casos, la falta de estudios exhaustivos y la presión por el desarrollo económico han llevado a la omisión de estos derechos, poniendo en riesgo no solo los territorios, sino la supervivencia misma de estos pueblos.
Protección de los derechos indígenas: un imperativo urgente
La llegada del APEC y la posible implementación de megaproyectos en la región no pueden ser evaluadas únicamente desde la perspectiva del crecimiento económico. Es imprescindible que el gobierno regional y nacional tomen medidas concretas para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados. Esto incluye la titulación y ampliación de los territorios indígenas, la implementación de procesos de consulta previa, y la protección efectiva de los PIACI.
Además, es fundamental que se realicen estudios de impacto ambiental y social que consideren las particularidades de los pueblos indígenas, tal como lo exige la Ley de Consulta Previa (Ley N.º 29785). Ignorar estos pasos podría llevar a la violación de derechos humanos fundamentales y a un aumento de los conflictos sociales en la región.
Conclusión: ¿quién se beneficia realmente?
El APEC 2024 en Pucallpa presenta una oportunidad de desarrollo, pero también un desafío monumental en términos de derechos humanos y protección ambiental. Es hora de que el gobierno y las organizaciones indígenas representativas trabajen juntos para asegurar que los beneficios de este evento no lleguen a costa de los pueblos indígenas. Si bien la inversión y el crecimiento económico son importantes, no deben ser perseguidos a expensas de los derechos fundamentales y la supervivencia de los pueblos originarios de la Amazonía. Es imperativo que se adopten medidas proactivas para proteger los territorios, la cultura y la vida de las comunidades indígenas, garantizando que cualquier desarrollo futuro sea verdaderamente inclusivo y sostenible.
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* Ronald Suárez Maynas es comunicador indígena, periodista, documentalista y gestor cultural originario del pueblo Shipibo Konibo. Presidió el Consejo Shipibo Konubo Xetebo (COSHIKOX), cuya gestión fue bastante exitosa y transparente.
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