Caso como "La Cantuta", "Barrios Altos" y otros quedarían impunes de promulgarse Ley de la impunidad
La nueva norma busca la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, contraviniendo así la normativa internacional y la exhortación de la Corte IDH.
Servindi, 1 de agosto, 2024.- Dina Boluarte tiene hasta este 1 de agosto para presentar un informe que observe la “Ley de la impunidad”, tal como lo exhortó la Corte IDH pues de aprobarse, crímenes de lesa humanidad cometidos en los años 80 y 90 quedarán impunes.
La "Ley de la impunidad" precisa textualmente en su artículo 5 que “Nadie será procesado, condenado o sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002”.
Según fuentes de La República la mandataria del Perú pretendería desacatar la orden de la Corte IDH y actuar a favor del Congreso para aprobar la normativa formulada por José Cueto y Fernando Rospigliosi.
A inicios de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 15 votos la “Ley de la impunidad”. Posteriormente, el 8 de julio la norma fue remitida al Ejecutivo para ser observada o en su defecto, promulgada.
Martha Moyano, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y el procesado por las esterilizaciones forzadas Alejandro Aguinaga, son algunos de los que votaron a favor.
Luego de la aprobación a nivel del Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento e incluso realizó una audiencia, en la que la representante de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno, Gissela Ortiz, explicó los alcances de dicha normativa.
“Nuestras víctimas en el Perú se cuentan por miles, sin embargo, las sentencias contra los responsables de estos graves crímenes no llegan ni a 100”, lamentó Ortiz, en presencia de la CIDH.
Durante la audiencia los comisionados de otros países como Argentina, pidieron al representante del Perú, explicar si el Ejecutivo iba a observar dicho proyecto de ley para impedir que los casos queden impunes, pero no hubo respuesta.
Fuentes de La República precisan que Eduardo Arana, titular del Ministerio de Justicia, evitó solicitar opinión técnica a la Dirección General de Derechos Humanos y solo lo derivó a la Dirección de Asuntos Criminológicos que declaró la norma “viable con observaciones”.
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