¿Por qué reconocer los Gobiernos Territoriales?

Espacio reunió a funcionarios, representantes indígenas, miembros de organismos internacionales y expertos quienes compartieron experiencias, visiones y posiciones respecto a la libre determinación. Durante el encuentro se entregó el expediente completo de la sustentación técnica del ejercicio de la libre determinación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) a funcionarios.

Servindi, 28 de diciembre, 2023.- En los últimos años diversos pueblos indígenas en Perú iniciaron sus procesos de reconstrucción de sus autonomías constituyéndose en gobiernos territoriales autónomos (GTA), al amparo del derecho a la autodeterminación o libre determinación.

Si bien hay un cuerpo jurídico que respalda este derecho avalado en el debate internacional, pero negado en el cuerpo legal nacional y por esto algunos pueblos han emprendido este proceso para enfrentar problemas de magnitud y garantizar el resguardo de sus propias vidas y territorios.

La presentación realizada el 9 de noviembre fue un espacio de reflexión conjunta sobre el desafío de la autodeterminación para el Estado peruano, pero también para la sociedad en su conjunto.

Y es que, ante las limitaciones estatales, los GTA se erigen como una oportunidad para repensar el Estado, formando parte de una solución y no del problema, ni menos una amenaza como erróneamente algunos piensan o suponen.

En ese sentido se manifestó el pamuk del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Teófilo Kukush, al inaugurar el evento.

La jornada se dividió en cuatro bloques: presentación del informe, a cargo de su autor; marco internacional y experiencias de autonomía en el mundo; los procesos autonómicos en Perú y las intervenciones de actores del Estado peruano.

El informe y sus aportes

Según explicó el abogado Roger Merino, autor del documento a pedido del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el estudio se nutre de dos fuentes principales.

Los Informes de la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2019, y un informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 2021.

Ambas fuentes sintetizan los avances en el derecho internacional sobre la libre determinación de los pueblos indígenas.

Según el autor, el mensaje principal de estos informes es que la autodeterminación hoy es parte del derecho internacional y de los derechos humanos, estando los estados obligados a respetarla y promoverla.

Para guiar este cometido, Merino explicó que se deben respetar tres estándares internacionales:

El estándar del debido reconocimiento. Es aquel mediante el cual los estados reconocen a los pueblos según cómo se autoidentifican de acuerdo con su autodeterminación, en el marco de figuras como pueblo, nación, gobierno autónomo o similares, y no formas impuestas que los reduzcan. Los estados deben adecuar su normatividad a ello y no viceversa.

El estándar de obligatoriedad de adecuación. Se refiere a que los derechos humanos de los pueblos indígenas deben ser reconocidos a la luz de la autodeterminación, ya que adquieren una dimensión diferente a la de los esquemas o paradigmas preconcebidos, corriéndose el riesgo de reducir el estándar. 

Este estándar implica la revisión de leyes, procedimientos y prácticas para fortalecer y asegurar el goce efectivo de derechos, debiendo los estados adecuar su derecho interno a ello.

El estándar de habilitación de otros derechos. Señala que el reconocimiento de la autodeterminación es una premisa fundamental para el ejercicio de otros derechos, siendo indispensable para el goce efectivo de los derechos que le corresponden. 

Entre los derechos estrechamente vinculados a la autodeterminación se encuentran el derecho al territorio, al autogobierno, a la participación política, entre otros.

 

Materializar la autodeterminación: estrategias y caminos

Pese a tales guías, de acuerdo con Merino, en Perú “el Estado lo que ha hecho es reducir al máximo esa autodeterminación”, y explica que, si bien se reconoce que hay pueblos indígenas, ha sido un reconocimiento reducido a su mínima expresión.

Esa tendencia se reforzó y profundizó posteriormente con “herramientas legales que no permiten el desarrollo de la autodeterminación y el ejercicio de los derechos territoriales”, sostuvo Roger Merino.

Como ejemplo citó la figura de la cesión en uso, por la que los pueblos indígenas que habitan áreas con bosques no tienen derechos territoriales efectivos sino solo cesión en uso, “que es un derecho territorial de una jerarquía básica y no completa”, remarcó.

El especialista consideró que “ha habido avances, pero con retrocesos”. Sin embargo, destacó que existen estrategias que se pueden poner en marcha hacia el reconocimiento de este derecho, como los tribunales, la reforma legal constitucional y el ejercicio de la autonomía directa.

La estrategia de los tribunales se refiere al litigio estratégico, el cual exige el cumplimiento de lo que la legislación nacional ya establece respecto a la autodeterminación, en este caso, lo que ya señala la ley de creación del Ministerio de Cultura (artículo 15, inciso A), donde desde su propia normativa se reconoce desde el Estado a la autodeterminación, haciéndola exigible. 

El autor advirtió también que todas las demandas que actualmente plantean los pueblos indígenas en los diversos aspectos de sus derechos deben vincularse a la autodeterminación.

De esa forma se refuerza un camino hacia el reconocimiento definitivo de este derecho y se va creando “un lenguaje jurídico uniforme que hoy todavía no está consolidado en los tribunales peruanos”, puntualizó.

Otra estrategia es la reforma legal constitucional. Aquí se reconocen dos caminos: las reformas puntuales, que no modifican sustancialmente la gobernanza territorial del Estado; y las reformas más ambiciosas que sí modifican la gobernanza territorial nacional e implican reformas legales profundas incluso a nivel constitucional.

En el primer caso, un ejemplo es la propuesta de creación de un registro público de gobiernos autónomos y naciones indígenas, que abriría las puertas a un reconocimiento registral. 

Sin embargo, explicó Merino, si bien tal caso da pasos hacia el reconocimiento de la personería jurídica, se halla aún dentro de los marcos de las competencias administrativas de los gobiernos regionales, provinciales y locales, y muy vinculado aún al derecho privado.

En el segundo caso –en la línea del mismo ejemplo– “la nación autónoma sería entonces ya un nivel de gobierno y las unidades territoriales serían reconocidas por ley, y tendrían que haber reformas legales profundas, incluso constitucionales si se desea respaldar este nuevo modelo de gobernanza territorial”, explicó el autor del informe.

De otro lado, está el caso de la autonomía directa que ahora está encarnada por procesos como los que viene llevando el GTANW, y otros GTA como los Awajún, Kandozi, Kukama, Shawi, etc. 

En estas experiencias los propios pueblos interesados implementan de manera libre y desarrollan su autonomía directa, estableciendo sus estatutos, autodelimitando sus territorios, y generando condiciones internas y externas para la gobernanza de su territorio y cuidado de sus bosques.

Cabe indicar que también se señaló como una cuarta estrategia aquella referida al proceso de formulación de las políticas públicas. 

En este punto, se destacó, por ejemplo, el proceso de construcción de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, así como el de la Política Nacional multisectorial de Derechos Humanos, remarcándolos como espacios idóneos para avanzar y reafirmar la autodeterminación al tener el componente de participación.

Las autonomías: una oportunidad para el diálogo

Es común que cuando se habla de naciones originarias, autonomía o gobiernos indígenas se suela considerarlos como una afectación a la autonomía y a la soberanía del Estado.

Sin embargo, diversos participantes remarcaron que más bien estos procesos deben ser vistos como una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia y no como amenaza.

“Nada más lejos de la aspiración de las naciones originarias que aquí participamos que separarnos del Perú”, manifestó Wrays Pérez, líder Wampís, reconocido como Defensor de la Patria por las Fuerzas Armadas”. 

“En el debate internacional esto está muy claro, lo que nos falta es enfocar qué oportunidades nos abre esto en el debate peruano”, afirmó por ejemplo Vladimir Pinto, de Amazon Watch.

Y es que, en un contexto donde las economías ilegales en la Amazonía crecen, “una cosa que se comprueba es que ahí donde los territorios indígenas son gestionados desde un enfoque más integral y amplio, es mucho más fácil contener el avance de las economías ilegales”, refirió.

Asimismo, remarcó que existe la necesidad de repensar las formas de gobernar el territorio incorporando las visiones de los pueblos indígenas en el gobierno de estos territorios.

Por su parte, Gam A. Shimray, en representación del Pacto Asiático de los Pueblos Indígenas (APPIB), consideró que “las autonomías enriquecen las democracias”. 

Cabe precisar que esta discusión está presente en diversos lugares de la región. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los resguardos indígenas forman parte de la estructura de gobierno del país, y son una forma de reconocimiento del ámbito de gobierno de los pueblos indígenas.

En tanto que, en Perú, en la Constitución Política, “las comunidades indígenas están reguladas en el capítulo sobre la propiedad agraria”, recordó Pinto, considerando que esto le confiere a la autodeterminación un enfoque reduccionista.

“Estamos aquí para decirle al Estado que nosotros existimos y no estamos para competir creando las autonomías, sino estamos para colaborar”, expresó la lideresa del pueblo Chapra Olivia Bisa.

“Los GTA más bien pueden ser vistos como una oportunidad de pensar como reestructuramos un estado que está en crisis, y no verlo como un problema; y repensarlo junto con los pueblos indígenas que no fueron incorporados en el proyecto nacional estatal”, sostuvo Pinto.

El Estado y las autonomías: desafíos conjuntos 

Una preocupación común al Estado y a los pueblos indígenas es el incremento de las economías ilegales en la Amazonía, cuya mayor expresión son los frecuentes asesinatos y agresiones a dirigentes defensores y defensoras del ambiente.

Ante este y otros problemas el Estado resulta desbordado, sobrepasado, debido a su reducida presencia y capacidad para garantizar derechos en los territorios.

Sin embargo, paradójicamente, ahí donde los pueblos indígenas ejercen mayores niveles de autonomía, son menores, por ejemplo, la deforestación y sus impactos.

“Nuestros niveles de educación, pobreza, etc. son comparables a los del resto de la sociedad y es gracias a estos derechos reconocidos”, refirió el representante de la APPIB.

Bajo este marco, los pueblos indígenas podrían enfrentar estos desafíos con mejores resultados, pero es necesario el respaldo del Estado garantizando la protección de esta autonomía, en lugar de limitarla o frenarla.

Así coincidieron diversos participantes, remarcando también cómo ello es determinante en la calidad de nuestra democracia.

“Perú jamás entrará a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​) si no adecúa sus prácticas, normas e instituciones a lo que se entiende internacionalmente como un verdadero estado de derecho”.

“Y esto es un estado que cumple con sus obligaciones internacionales” dijo Javier Mujica, abogado especialista en políticas públicas, de la asociación Perú Equidad. 

“No deberíamos entrar si (El estado) no es capaz de garantizarle a sus pueblos indígenas ejercer su derecho a la libre determinación” agregó Mujica. 

“El Estado sale y afirma allá afuera que respeta el Convenio 169 a través de las comunidades nativas, pero no respeta al sujeto colectivo, que son los pueblos indígenas”, remarcó en el mismo sentido el abogado indígena y presidente del GTA awajún, Gil Inoach Shawit.

Autodeterminación: un debate público necesario

Sin embargo, no basta con tener los debidos sustentos y argumentos para el reconocimiento de la autodeterminación. También es esencial colocarla en la agenda pública, dando mayores luces sobre su percepción en la sociedad. 

“¿Por qué estamos aquí hablando de autonomías territoriales? Porque los indígenas se atrevieron a constituirlas y están en ese proceso de querer entrar a la legalidad, pero el Estado les niega ese derecho. Esto viene de una negación desde el tiempo de la conquista, y está ocurriendo en Loreto con los pueblos aislados”, refirió el juez de la Corte Superior de Loreto, Aldo Atarama.

Asimismo, la comprensión de la autodeterminación pasa por un mayor entendimiento sobre los gobiernos autónomos en sí: “¿Qué son los gobiernos autónomos? Son la reivindicación de esta visión ancestral del territorio integral. De esta visión ancestral de gobernanza del territorio”, aclaró por su parte el abogado awajún y ex presidente de la AIDESEP, Gil Inoach.

“Vemos la necesidad de comunicar la autodeterminación, más que ninguna otra cosa. Es una necesidad social” explicó por su parte el representante de la APPIB.

“No se trata de desafiar, amenazar o destruir la estructura del Estado, sino de transformarlo de forma constructiva y redefinir la forma en que avanzamos hacia el futuro” agregó el dirigente asiático. 

Y es que, como sostuvo Rodrigo Montoya –también presente virtualmente en el espacio de la reunión desde España– “las luchas por las autonomías no solo están en Perú o América Latina, están también en el corazón de Europa”, aclarando así que no se tratan procesos aislados.

“Nuestra visión a menudo se ha malinterpretado, debemos crear una visión para la sociedad, donde aunamos fuerzas (…). Una visión para enfrentar problemas más grandes que nos afectan a todos: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, sentenció Gam A. Shimray.

“Tenemos que cambiar esa concepción del Estado jefe, represor, por un Estado de comunicación, de bienestar. El Estado está en la obligación de cambiar su concepción, no los veamos como enemigos (a los pueblos indígenas)”, exhortó el juez Atarama ante los asistentes, entre ellos varios funcionarios.

Entregan expediente GTANW a funcionarios 

Fueron casi 20 panelistas los que tomaron la palabra durante el espacio, entre estos representantes de los sectores públicos: Justicia, Defensa, Interior, Ambiente, la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Con la presentación de la publicación, se entregó el informe legal completo a Ángel Gonzales, director en Políticas y Gestión en DD. HH. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), iniciándose así una serie de entregas del expediente a diversos sectores públicos.

“Los hermanos indígenas tienen que seguir trabajando. Cuando toda la selva diga que tiene más gobiernos autónomos, el Estado va a tener que trabajar y decir qué es un gobierno autónomo y cómo me relaciono con él, cómo los protejo”, agregó el juez Aldo Atarama.

Cabe remarcar que la presentación del informe marca el inicio de un proceso permanente y sistemático de diálogos del GTANW con el Estado para hacer visible el derecho a la autonomía, a la libre determinación y su debido reconocimiento.

Asimismo, significa el comienzo sistemático de un diálogo con la sociedad civil, así como el emprendimiento de una acción conjunta de los procesos autonómicos ante el Estado peruano.

Y es que el espacio generado por el GTANW no deja de ser una exhortación –cada vez más sólida e ineludible– para el reconocimiento efectivo y la protección del derecho a la libre determinación.

La presentación del informe fue coorganizada por el GTANW y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú (OACDH).

Es de destacar que durante el intercambio de ideas con los altos funcionarios presentes ninguno se manifestó en contra de la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos políticos.

Descargar publicación con un clic en el siguiente enlace:

https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2023/06/Informe_Legal_GTANW_Autodeterminacion.pdf

 

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