En un pueblo del distrito de Port Loko, los pueblos discuten el controvertido proyecto de compensación de emisiones de CO2. Foto: HEKS.
Servindi, 10 de mayo, 2024.- Un proyecto de plantaciones de árboles a gran escala habría sido impuesto a familias de agricultores propietarios de sus tierras para beneficiar créditos de carbono en Sierra Leona.
Asi lo revela una investigación realizada por Swiss Church Aid HEKS/EPER realizada en dicho país, ubicado en África occidental, sobre el lucrativo negocio en que se ha convertido el comercio de créditos de carbono.
El proyecto lanzado por la empresa canadiense Carbon Done Right y su empresa asociada Rewilding, con sede en Sierra Leona, busca reforestar al menos 25 000 ha de tierra con el fin de almacenar más de 12 millones de toneladas de CO2 durante 50 años.
Las empresas esperan recibir entre 300 y 450 millones de dólares estadounidenses por la venta de los correspondientes certificados.
Según la ley de tierras de Sierra Leona, los contratos de arrendamiento requieren el consentimiento escrito del 60 por ciento de los miembros de una familia terrateniente y estipulan que deben estar plenamente informados de antemano sobre el proyecto previsto para sus tierras.
Luego, el inversor debe registrar ese consentimiento ante las autoridades. Sólo entonces se podrá vender o arrendar el terreno.
La investigación en la región de Port Loko incluyó que incluyó una encuesta a los residentes de 25 aldeas apunta claramente al incumplimiento de tales estipulaciones.
Además, Carbon Done Right y Rewilding proporcionaron pruebas escritas insuficientes cuando así lo solicitó el equipo de investigación.
Es evidente que muchas familias agricultoras no habrían aceptado el proyecto en la forma prescrita por la ley y se habrían violado las leyes nacionales y los principios sostenidos por Verra, la entidad certificadora de los créditos de carbono.
Descargar informe en inglés: https://www.heks.ch/sites/default/files/documents/2024-05/HEKS_Silnorf_Port_Loko.pdf
Muchas contradicciones
A petición de Rewilding, la consultora Ecosecurities, con sede en Ginebra, preparó la solicitud necesaria y la documentación correspondiente.
Sin embargo, algunas afirmaciones clave hechas por Ecosecurities en la documentación contradicen las conclusiones de la investigación.
Ecosecurities escribe que el proyecto Rewilding se basa en un compromiso continuo con las comunidades locales, una estrategia sólida de CLPI y un enfoque participativo e inclusivo.
Sin embargo, esto contradice las conclusiones del equipo de investigación y las declaraciones de los propietarios interesados.
De hecho, casi todas las mujeres entrevistadas dejaron constancia de que no fueron suficientemente incluidas en las negociaciones sobre el acuerdo de tierras con Rewilding.
Muchos de los propietarios entrevistados por el equipo de investigación tampoco tenían idea de qué eran los certificados de CO2, ni sabían que, según su solicitud a Verra, Rewilding esperaba utilizar el terreno durante 50 años.
Durante las negociaciones, la mayoría de las veces se habló de sólo 25 años, ya que un contrato de arrendamiento más largo habría sido totalmente inaceptable para muchas partes interesadas.
Tampoco está claro cómo obtendrán los propietarios la participación del 10 por ciento de los beneficios prometida por Rewilding.
Otro dato sorprendente es que Rewilding aparentemente prevé ingresos de 360 dólares estadounidenses por hectárea de tierra al año, mientras que el alquiler pagado a los propietarios será de apenas 14 dólares estadounidenses por hectárea al año.
Problemas y signos de interrogación
La planta sierraleonesa de reconstrucción de Maforki tiene una planta de construcción de 25 000 hectáreas, una superficie comparable a la de Manhattan, para producir 12 millones de toneladas de CO2 en 50 años. Foto: HEKS
Otro problema potencialmente grave es que Ecosecurities describe las tierras de las plantaciones como improductivas, pero los aldeanos encuestados por el equipo de investigación afirman lo contrario.
Los agricultores indican con énfasis que utilizan la tierra para producir alimentos para su propio consumo.
Otro interrogante surge del hecho de que algunos de los árboles recién plantados para las compensaciones de CO2 ya han muerto y, además, la región es muy propensa a incendios forestales y de matorrales.
Esto pone en duda la capacidad de los árboles para sobrevivir durante 50 años y almacenar la cantidad prometida de CO2.
A pesar de todos estos recelos y de la certificación aún pendiente, Carbon Done Right ya ha vendido derechos sobre certificados de CO2 por valor de 1,5 millones de dólares a “BP Carbon Trading”, una filial de la petrolera británica BP.
El equipo de investigación tiene serias dudas sobre la legalidad del proyecto de plantación y la viabilidad de lograr la cantidad de almacenamiento de CO2 prometida.
Esto también plantea la cuestión de si el proyecto es certificable. Los créditos de carbono sólo serían comercializables después de ser certificados por Verra.
HEKS/EPER y sus organizaciones asociadas en Sierra Leona continuarán monitoreando de cerca los acontecimientos locales y abogando por la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
Una falsa solución climática
Muchas empresas se promocionan afirmando: “Nuestra producción es climáticamente neutra”. Sin embargo, siguen emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2).
El truco consiste en que las empresas compren certificados de CO2 de proyectos diseñados para reducir las emisiones o almacenar carbono, por ejemplo, mediante la reforestación.
Este tipo de negocios aumenta la demanda mundial de tierras y, a menudo, termina provocando que las familias de pequeños agricultores del Sur Global pierdan el control de sus tierras y, por extensión, de sus medios de vida.
Este tipo de proyectos suelen contravenir el principio de “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI), un criterio importante propugnado por Verra.
- Descargar Informe (PDF, inglés, 13 páginas)
- Declaraciones de las empresas (inglés, 7 páginas)
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