Por César Javier Palacios*
20 minutos, 2 de julio, 2016.- Ser ecologista sale caro, muy caro. Especialmente si eres indígena. Te puede costar la vida. Como los 185 activistas ambientales que fueron asesinados el año pasado en todo el mundo por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas, según un informe de Global Witness. Tres personas muertas a la semana. Una cifra sin precedentes.
Brasil, Filipinas o Colombia son los países más sangrientos. En el informe En terreno peligroso se documentan 185 muertes que se sabe acaecieron el año pasado por todo el mundo. Esta negra estadística supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada y representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.
Este escalofriante dato supone un aumento del 59 % respecto a la ya vergonzosa estadística de 2014. Pero pueden ser muchos más. Según la ONG Global Witness, las graves restricciones informativas que existen en muchos de esos países implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor.
En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).
A través de un comunicado de prensa Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, ha explicado:
“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive.
Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia”.
En el informe de "En terreno peligroso" se destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos. Casi un 40 % de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.
Fuente: En terreno peligroso
El asesinato de Berta Cáceres
Alrededor de la medianoche del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados tiraron abajo la puerta de la casa en la que se hospedaba Berta Cáceres en La Esperanza (Honduras). Dispararon contra ella y la mataron. Berta era una prominente activista ambiental y defensora de los derechos de los indígenas sobre la tierra.
El año pasado, a Berta Cáceres le otorgaron el Premio Goldman de Medio Ambiente, un prestigioso galardón con el que se premia el activismo ambiental local de todo el mundo. En su discurso de agradecimiento, Berta habló sobre las amenazas de muerte y los intentos de secuestro que había sufrido debido a su oposición a la presa de Agua Zarca.
Global Witness puso de relieve la valentía de su labor en el informe titulado ¿Cuántos más?, en el que se describía Honduras como el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Tantos reconocimientos no le sirvieron a Berta para nada. Su muerte se sumará a la negra estadística del próximo año de Global Witness.
Muerte en Filipinas
El padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su isla de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es uno de los territorios más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.
El testimonio de Campos es terrible:
“Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen. Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos”.
Brasil y las talas ilegales de selva
Mientras, en Brasil, Global Witness denuncia que la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido.
Una de las últimas víctimas fue Isídio Antonio. Este líder de una comunidad de agricultores a pequeña escala del Estado de Marañón había sufrido durante años amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra. La Policía nunca ha investigado su asesinato.
En la Amazonía brasileña han surgido miles de campamentos de tala ilegal, asegura Global Witness. Allí, hombres armados con machetes y motosierras talan árboles de valiosa madera dura, como la caoba, el ébano o la teca. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal y que ésta representa un 25 % de la madera ilegal de los mercados mundiales. Una gran parte de ella posteriormente se vende a compradores de Estados Unidos, Europa y China, contribuyendo a uno de los índices de deforestación más altos del mundo.
Como manifesta Billy Kyte,
“Los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman consumidores de la otra punta del mundo. Las empresas y los inversores deben cortar sus vínculos con aquellos proyectos que pisotean los derechos que tienen las comunidades sobre su tierra. El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”.
Global Witness destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuya tierra y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales.
Los gobiernos deben actuar
Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:
- Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas
- Investigar los delitos, incluyendo a sus cerebros corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia
- Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades
- Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.
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*César Javier Palacios, es geógrafo, naturalista, escritor, periodista y miembro de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
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