Foto: Revista Stakeholders
Por Ronald Ordoñez*
SER, 10 de junio, 2019.- El 5 de junio del 2009, la irresponsabilidad del gobierno nacional de ese entonces ocasionó uno de los sucesos más lamentables en la historia de nuestro país: la tragedia de Bagua.
Aunque han transcurrido diez años, aún no se han resuelto los problemas que dieron origen al conflicto ni se ha logrado un pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Noticias SER entrevistó a Alicia Abanto Cabanillas, Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, para recabar su opinión al respecto.
– ¿Cuáles son los avances para el reconocimiento de los derechos y demandas de pueblos indígenas que se pueden identificar luego de lo ocurrido en Bagua?
Podemos citar 3 aspectos. El primero es que hemos pasado de un estado de invisibilidad de los derechos de los pueblos indígenas a la visibilidad. El Estado – a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial -, les ha ido prestando una mayor atención. Por ejemplo, en estos años se ha aprobado una Política Nacional de Salud Intercultural, un Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y en el Poder Judicial existe una instancia abocada a encontrar una mejor aproximación al tema de la justicia intercultural. En segundo lugar, hemos pasado de una desatención en servicios públicos a una etapa de atención progresiva, pero ésta todavía se encuentra en una fase inicial porque llevar servicios implica un enorme esfuerzo. Hay cada vez más inversión pero el avance sigue siendo bajo. Un tercer aspecto es que hemos pasado de una etapa de confrontación violenta sin diálogo a una que podríamos llamar de confrontación con diálogo. Los procesos de diálogo han permitido llegar a acuerdos con los pueblos indígenas en espacios vinculados a la consulta previa y en otros como las mesas de negociación que se instalan a partir de los diferentes conflictos sociales. Afortunadamente, no hemos llegado a los niveles de confrontación de Bagua.
– ¿Y en qué aspectos no se ha avanzado o se ha avanzado poco?
En términos de derechos colectivos hay un atraso importante en la titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas. Hubieron varios años en los que la política de titulación se ha quedó congelada y la reactivación se ha dado hace aproximadamente 3 años. Si bien se cuenta con recursos se ha avanzado muy poco, aunque esperamos que esto cambie. Otro tema es la consulta de los proyectos de inversión en relación a los estudios de impacto ambiental. Ahí prácticamente no ha habido ningún avance, por el temor y resistencia del Poder Ejecutivo para realizar la consulta previa durante el proceso de evaluación del impacto ambiental. Un tercer tema pendiente es, como lo he indicado, llevar servicios esenciales que garanticen la integridad de los pueblos indígenas, como el agua potable y los servicios de salud.
– ¿Qué significó el “Baguazo” en términos de ausencia de interculturalidad?
Significó un fracaso rotundo de quienes ejercían el poder gubernamental y tuvieron la posibilidad de afrontar el conflicto de manera diferente. Se hizo todo lo contrario a lo que debe implicar un diálogo constructivo y de buena fe, un diálogo democrático en un país multilingüe y multicultural pero con mucha desigualdad, donde los pueblos indígenas han sido excluidos y discriminados sistemáticamente. En un contexto de injusticia de esa naturaleza, lo ocurrido en Bagua fue un fracaso para nuestra vida democrática. Sin embargo, creo que se sacaron varias lecciones y los gobiernos que asumieron durante estos diez años, con diversos estilos, han tenido una postura mucho más dialogante con los pueblos indígenas y eso es algo que hay que resaltar.
– ¿Cuál es el balance sobre la implementación de la Consulta Previa?
El Poder Ejecutivo ha consultado una serie de políticas públicas. Por ejemplo, de educación y de salud intercultural y de áreas naturales protegidas. En este tipo de consultas se han logrado buenos acuerdos. Pero también observamos que por ejemplo, hasta la fecha, de los 45 procesos de consulta previa, ninguna se ha realizado en el marco de la evaluación de impacto ambiental de algún megaproyecto y ello se debe a que el gobierno no ha habilitado al SENACE para que realice la consulta previa durante el proceso de evaluación de los proyectos de inversión. En el Poder Ejecutivo no hay decisión política para respaldar estas medidas. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo está pidiendo al Ministerio de Cultura que deje sin efecto una directiva que avala el incumplimiento de la consulta previa en megaproyectos de infraestructura de servicios públicos. Esto es importante porque se está afectando directamente los derechos de los pueblos indígenas y no se está consultando en el momento adecuado que establece la ley.
– ¿Qué se puede decir de la acción de los Ministerios de Energía y Minas, de Cultura o de Transportes respecto a la implementación de la consulta previa?
Tenemos casos positivos. Por ejemplo los Ministerios de Educación y Salud han efectuado la consulta de las políticas y planes con incidencia directa en los pueblos indígenas. Pero también hay ministerios que por el momento han tenido un desempeño inadecuado como el de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones y el mismo Ministerio de Cultura. Hacemos esta observación porque en estos se han emitido iniciativas o normas de menor jerarquía para poder avalar la inacción frente a la consulta, es decir, no consultar o realizar la consulta en el momento inadecuado.
– ¿Y en el caso del Ministerio del Ambiente?
También observamos con preocupación que el Ministerio del Ambiente no esté liderando o no haya promovido que la consulta previa se incluya dentro de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Entonces, es necesario que todos estos sectores puedan concretar un cambio en relación a lo que viene ocurriendo con la falta de consulta previa. Es un tema de decisión política corregir aquello que no se está haciendo de manera adecuada.
– Organizaciones de pueblos indígenas han pedido que los proyectos de Ley que tienen implicancia en sus derechos también puedan ser sometidos a consulta en el Congreso ¿Qué ocurre con esta demanda?
Lamentablemente el Congreso no hace ninguna consulta desde el año 2011 y no ha modificado su reglamento para realizar la consulta previa como parte del procedimiento parlamentario. Prácticamente está en doble falta. El Congreso ha tenido muy poca atención en estos años cuando se trata de los pueblos indígenas. Después de aprobada la Ley de Consulta Previa no ha dado alguna otra norma relevante y que sea específica para los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
– ¿Cuáles son las sugerencias desde la Defensoría del Pueblo para atender estos pendientes?
Se han realizado un sinnúmero de recomendaciones y solo sobre consulta previa tenemos más de 50. También quisiera resaltar que es necesario que los gobiernos locales y regionales destinen recursos públicos para atender las necesidades de la población indígena. Otro aspecto es que se tiene que promover y garantizar una mayor participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta, de diálogo y de atención de sus derechos. Preocupa que mucha de la normatividad vinculada a pueblos indígenas no tenga enfoque de género. Tenemos que revisar y modificar la normativa y el diseño de políticas públicas para atender de mejor manera a las mujeres indígenas.
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*Ronald Ordoñez es Sociólogo de profesión y actual coordinador de la oficina regional en Cajamarca de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER).
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