Asamblea Nukak. Foto: Patricia Tobón
La ex directora de la Unidad de Víctimas es abogada embera chamí, formada en el movimiento indígena y ex comisionada de la Comisión de la Verdad. Hasta junio de 2024, estuvo a cargo de una de las burocracias más grandes de Colombia, con la responsabilidad de atender a más de 9.000.000 de víctimas del conflicto armado.
En abril, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. El diario El Colombiano sugiere que tuvo que ver con discrepancias que tenía el mandatario con su gestión en la actualización de la Ley de Víctimas, la baja ejecución del presupuesto y diferencias políticas.
Patricia es una pensadora con un don de palabra a la que podría escuchar por horas. Antes de concertar esta entrevista, nos encontramos en un café. Llegó con su guardaespaldas, quien entró primero y le dio un vistazo al lugar. Fue un momento impactante y preocupante, reflejo de la situación de seguridad en mi país. Detrás de él, entró Patricia. Nos saludamos y comenzamos a hablar.
Patricia Tobón Yagarí: “Es importante que los movimientos sociales formen parte de la institucionalidad”
Por Marcela Velasco*
Debates Indígenas, 1 de agosto, 2024.- Marcela Velasco Jaramillo (MVJ). Con su renuncia, insinúa que la Unidad de Víctimas, una institución con un presupuesto significativo, también se ha visto afectada por presiones e intereses políticos.
Patricia Tobón Yagarí (PTY): Yo creo que sólo el tiempo dirá si la Unidad entró en esa lógica. Lo que sí he dicho es que en mi experiencia también tuve no sólo insinuaciones, sino ese tipo de abordaje al que nunca cedí. Esta es una entidad que ha sido politizada, usada para el clientelismo y hemos denunciado hechos de corrupción, como fue la del Fondo de Reparación. Hemos rendido cuentas e hicimos cambios importantes, como no entregarnos al clientelismo político, reconociendo eso sí, que el gobierno tiene acuerdos políticos, pero no entregar los recursos públicos de las víctimas a la corrupción. Eso es importante decirlo. Hasta el último día he sido consecuente con la política de cambio que anunció el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
– MVJ: ¿Cuáles son las posibilidades de estar en el poder para líderes de pueblos étnicos?
PTY: Mi consejo para otros líderes es buscar estar en el poder, pero manteniendo esa voz colectiva. La experiencia nos ha mostrado que una voz individual y burocrática que se queda callada no trasciende ni produce cambios significativos. Por eso, creo firmemente en la importancia del carácter colectivo y en la necesidad de seguir exigiéndole al Estado. Vengo del mundo indígena, nací y crecí en el movimiento indígena, soy lideresa, vengo con ese compromiso. Por muchos años hemos estado luchando y exigiéndole a una cantidad de funcionarios que cumplan con los derechos de los pueblos. Ahora desde el otro lado le exijo a las entidades. La presencia de personas que vienen de esta realidad en la toma de decisiones públicas y políticas marca una diferencia, ya que tomamos decisiones en favor de esos derechos. Los movimientos sociales no deberían sólo seguir exigiendo desde las carreteras mientras otros, sin conocer nuestras realidades, toman decisiones desde un escritorio.
– MVJ: ¿Es relevante que los pueblos étnicos se sumen al Estado?
PTY: Es importante que los movimientos sociales formen parte de la institucionalidad, no para llenar burocracias, sino para lograr una inclusión real. Aunque hemos tenido burócratas indígenas o afrodescendientes en cargos de poder, muchos no han defendido nuestros derechos por temor a perder sus puestos. Reconozco que este gobierno ha mostrado una apertura hacia los asuntos indígenas, respetando la dirigencia indígena que no viene a aplaudir, sino a exigir coherencia política para responderles a nuestras comunidades. Mantener esta ética ha implicado discusiones internas con otros ministerios y equipos técnicos, similar a las luchas que hemos enfrentado en el movimiento indígena, pero ahora desde posiciones de liderazgo.
Día Nacional de las Víctimas, 9 de abril de 2023. En Colombia, el conflicto armado interno dejó un saldo de 9.000.000 de víctimas. Foto: Patricia Tobón
– MVJ: ¿Qué logros destacaría de su gestión?
PTY: En la Unidad logramos mayores metas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con la Mesa de Concertación Indígena tratamos de resolver reclamos de más de 10 años que los pueblos indígenas tenían con esta institución y habían sido negados debido a decisiones prejuiciosas, desconocimiento de las normas, o racismo institucional. Por ejemplo, en 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos había aprobado Decretos-Leyes para las víctimas indígenas, afrodescendientes y gitanas que nunca se habían cumplido. Nosotros estamos tratando de reglamentar esas normas y también la sentencia C-588/19 de 2011 de la Corte Constitucional.
– MVJ: ¿Existen prejuicios sobre los funcionarios que provienen de grupos étnicos?
PTY: Dirigí una de las entidades más grandes de inclusión social y enfrenté dudas sobre mi capacidad de ejecución. Recuerdo comentarios públicos cuestionando cómo una indígena podría coordinar una política tan importante. Yo estaba preparada, con experiencia en diversos temas y diplomas académicos en derecho constitucional e internacional, además de ser comisionada. Tenía todos los requisitos. Aun así, surgían interrogantes. Por mi parte, logré que se respetara mi liderazgo demostrando que a los pueblos indígenas se les puede confiar cargos públicos del país. Somos confiables y nos preparamos adecuadamente cuando se nos da la oportunidad. Lideramos nuestros procesos organizativos y también podemos servir al país en roles de liderazgo. Vine con dignidad a demostrar que podemos cumplir con las tareas que el país necesita. Debemos enviar el mensaje de que los líderes indígenas pueden encargarse de áreas de política pública más amplias, no solo de asuntos específicos de los pueblos étnicos.
– MVJ: También representó víctimas que no son de los grupos étnicos, ¿cómo se han sentido representadas por usted?
PTY: La mayoría de las víctimas no son étnicas y el 80% de la población a la que yo atiendo no es étnica. Las 600.000 indemnizaciones han sido mayoritariamente a esa población. Pero teníamos que cumplir también en un 100% con lo étnico porque estaba más rezagado. Debíamos resolver algunos puntos metodológicos que no se atienden, por ejemplo, la mendicidad en la población desplazada, tanto étnica como no-étnica. Personas que terminaron en situación de calle o en situación de prostitución forzada. Esos son asuntos que he trabajado en todos los niveles. Por eso, hicimos acuerdos con alcaldías y gobernadores para cumplir con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto ha sido un logro importante de este gobierno. Si logramos estas metas de inversión y cumplimiento la población que más se ha beneficiado es la no-étnica. En los primeros seis meses encontré un rezago y logramos ejecutar más del 90%. El año pasado completamos toda la ejecución y ahora somos terceros en cumplimiento del Gobierno. Además, gané respeto como jefa de un equipo mayoritariamente no étnico, con algunos llenos de prejuicios.
Junto a la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica. Foto: Patricia Tobón
– MVJ: Colombia es culturalmente diversa, pero las relaciones interétnicas e interculturales son tensas y están atravesadas por problemas culturales, étnicos y económicos ¿Cómo se podría construir un país más intercultural y respetuoso de su diversidad?
PTY: La Comisión de la Verdad analizó cómo la violencia sociopolítica en Colombia se explica por relaciones colonialistas vigentes y el racismo estructural que impide el desarrollo y la inclusión de narrativas que cambien las dinámicas de poder. Esto se manifiesta en la imposición de visiones que los excluyen de la creación de políticas públicas que los afectan. La comisión evidenció que el pasado colonial y el racismo han alimentado brechas culturales. Para revertir esto, es fundamental implementar políticas interculturales que reconozcan la historia y los derechos de estos pueblos. Sin esfuerzos en educación, comunicación e integración no avanzaremos en procesos interculturales. Se hicieron recomendaciones en el capítulo étnico para que la sociedad comprendiera que el desarrollo del país está ligado al desarrollo de los pueblos étnicos.
– MVJ: ¿Qué rol jugó la Constitución de 1991?
PTY: Los diferentes momentos de reivindicación de los derechos étnicos han abierto importantes escenarios. La Constitución de 1991 abrió oportunidades. El proceso de paz también facilitó que personas como yo lideren instituciones como esta. Se espera que estas instituciones abran la posibilidad de transformaciones estructurales para construir una interculturalidad. Esta implica reconocer los desarrollos diferenciados que requieren las distintas regiones, así como visibilizar las contribuciones de la población negra y los pueblos indígenas al medio ambiente. Esto es algo que antes no se discutía. Aunque el discurso es positivo, en la práctica todavía enfrentamos importantes desafíos.
– MVJ: El ataque de grupos armados a pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos provocó un trauma colectivo que debilita el tejido social, las costumbres y las formas de gobierno de las comunidades.
PTY: Nos enfrentamos a un país con diversas narrativas que no comprenden nuestra realidad, sumadas a una narrativa colonial llena de prejuicios y polarización. Los indígenas a menudo son etiquetados como colaboradores del Estado o guerrilleros, lo que, en lugar de contextualizar la situación, legitima la violencia y justifica odios y discursos racistas. Esto naturaliza y desestima la violencia que los pueblos indígenas están sufriendo. La violencia se profundizó aún más con el conflicto armado. En la Comisión de la Verdad manifestamos que los pueblos indígenas hemos vivido un continuum de violencia: no solo no nos hemos recuperado de las violencias que sufrieron nuestros abuelos y padres, sino que también enfrentamos las que vivimos en el presente. Esto ha generado no solo un trauma colectivo, sino un exterminio de nuestras culturas y comunidades, con efectos profundos en nuestra sociedad.
– MVJ: ¿Cuáles son las consecuencias de este trauma colectivo?
PTY: Aunque la resistencia indígena intenta sobreponerse, el daño es desproporcionado. Se observan altos niveles de suicidio, desestructuración familiar y debilitamiento de nuestra autonomía como gobiernos y comunidades. La violencia de los grupos narcotraficantes ha cooptado y amenazado liderazgos; en algunas comunidades, los líderes no pueden entrar por el riesgo de ser asesinados. Así, la organización comunitaria y la resolución de asuntos a través del gobierno propio se vuelven imposibles, ya que el grupo armado controla el territorio y somete a la población.
Patricia Tobón Yagarí explica que hay muchos prejuicios acerca de la capacidad de las personas indígenas de encargarse de áreas de políticas públicas. Foto: Unidad para las Víctimas
– MVJ: ¿La Unidad de Víctimas y el Gobierno están preocupados por el impacto de estos traumas colectivos en los grupos étnicos?
PTY: Existe en la sociedad colombiana y en muchos funcionarios públicos, una profunda incomprensión de los asuntos étnicos, incluso dentro de este gobierno. Es necesario contextualizar estos temas para que las instituciones los asuman adecuadamente. Sin embargo, esta es una tarea monumental que trasciende a este gobierno y revela una deuda histórica. Por ejemplo, la situación de la población emberá en mendicidad es un reflejo de la falta de intervenciones adecuadas desde los años 70, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresó a sus territorios, causando confrontaciones y desestructuración en sus comunidades. La falta de comprensión de estos temas ha llevado a que se aborden con medidas asistencialistas en lugar de fortalecer los gobiernos indígenas para que resuelvan sus problemas, organicen sus territorios y fomenten su propio desarrollo. Históricamente, las políticas implementadas han fragmentado a las comunidades, creando divisiones en lugar de promover la cohesión. Es crucial que el Estado adopte metodologías indígenas que prioricen el bienestar real de las comunidades, no el de las burocracias.
– MVJ: ¿Qué perspectivas podría compartir sobre ser mujer en un cargo público de este calibre?
PTY: Yo creo que lograr un respeto en el movimiento indígena, en donde hay desigualdad de participación de las mujeres, me enseñó a trabajar en medio de hombres, a ganarme el respeto y a liderar en un mundo donde las mujeres indígenas muchas veces tenemos participación, pero no poder. Para el movimiento indígena, es fundamental cualificar los liderazgos y la participación de las mujeres. Cuando fortalecemos nuestra capacidad de gobernanza, enviamos un mensaje claro: sí se puede. Hoy demuestro que los pueblos indígenas y las mujeres podemos gobernar, lo que también conlleva responsabilidades éticas hacia el país y la atención a problemas más allá de lo indígena y étnico. Mantener la coherencia con nuestra lucha histórica es esencial.
– MVJ: ¿Y de su paso por la Comisión de la Verdad?
PTY: Estar en la Comisión de la Verdad siendo indígena, mujer y además la menor me enfrentó a muchos prejuicios. Logré hacer un trabajo con fuerza y con argumentos. Cuando llegué a la Unidad de Víctimas vine revestida de esa experiencia, de esa fuerza con la que ya contaba. Aquí uno se enfrenta todos los días a esa expresión sociocultural del machismo en la cotidianidad. Eso lo vivimos todas las mujeres en cualquier instancia de poder. Pero yo siempre intenté ser consciente de mi fuerza. Eso en algunos hombres genera extrañeza. Creo que cuando uno se prepara, argumenta, muestra la capacidad de las ideas, va derrumbando prejuicios. Y se va haciendo una reeducación de las personas con quien interactúa.
Brindando un histórico reconocimiento a la Comunidad Campesina de Sumapaz por los daños colectivos vividos en el conflicto armado, junto al Alcalde de Bogotá, Carlos Galán. Foto: Unidad de Víctimas
– MVJ: ¿Hay alguna costumbre, conocimiento o principio del pueblo Embera que le haya ayudado?
PTY: Sí. El primer principio es que siempre es importante pensar en grande y estar abierto a la escucha, considerando las propuestas como oportunidades para construir a partir de diferentes puntos de vista, en lugar de verlos como antagonismos. Así, integré muchas visiones y convertí los procesos de participación en verdaderos espacios de inclusión para desarrollar agendas. En segundo lugar, que es crucial cumplir con los acuerdos pactados. No se trata de asumir que uno lo sabe todo y decide todo: es una construcción colectiva y participativa. Esto refuerza el compromiso con el bienestar de la comunidad y la efectividad de nuestro trabajo conjunto.
– MVJ: ¿Han tenido un impacto positivo en su gestión?
PTY: Estos principios y valores han permitido no solo un avance, sino también un fortalecimiento de la confianza y la participación de las víctimas con la unidad, recuperando la confianza perdida en el Estado y acercando al Estado a la comunidad. Esto implica trabajar como lo hacemos en las comunidades indígenas: de gobierno a gobierno. Aquí es donde realmente se explica la situación de las instituciones y se comprende la realidad de las comunidades, llegando a acuerdos para establecer metas conjuntas. Además, hemos elegido equipos técnicos compuestos por líderes sociales y étnicos, lo cual es un aspecto destacado de esta entidad. Los directores territoriales son líderes que provienen de comunidades que han luchado por sus derechos. Este compromiso social es fundamental; no se trata solo de un puesto remunerado, sino de un verdadero compromiso con las víctimas. Esto asegura un mayor esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, todas esas metodologías de trabajo comunitario que yo he promovido se han reflejado aquí en la Unidad.
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* Marcela Velasco es Profesora Asociada de Ciencia Política en la Colorado State University y asesora del Colectivo de Trabajo Jenzerá.
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