Foto: Andina
Servindi, 15 de mayo de 2019.- Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) explicó que el uso sistemático de los ‘estados de emergencia’ en zonas de conflictividad entre las comunidades indígenas y las empresas extractivas extinguen derechos constitucionales.
“Si hay una situación de conflictividad social donde las comunidades piden al Estado o se enfrentan a la empresa privada, lo que hace el Estado es lo siguiente: declara en estado de emergencia”
El objetivo de esta figura sería básicamente para restringir a las comunidades varios derechos constitucionales; uno de ellos es el derecho a reunirse pacíficamente, la inviolabilidad del domicilio, y que no prosperen acciones judiciales como el habeas corpus.
El defensor de las comunidades aseguró que se trata de una estrategia que usa el estado “para beneficiar a las empresas extranjeras en desmedro de los nacionales”.
Esto convierte a la seguridad pública en una guardia privada que vela por los intereses de las empresas trasnacionales violando su deber constitucional que es resguardar el orden público y los derechos humanos.
El Estado definitivamente ampara a las empresas extractivas y deja de lado a las comunidades
Asimismo, Quispe advirtió que la intervención de las Fuerzas Armadas mediante los ‘estados de emergencia’ convierte en un grupo hostil a las personas que están ejerciendo un derecho a la defensa.
También denunció que frente a los temas netamente políticos se está buscando una sanción penal. El Estado definitivamente ampara a las empresas extractivas y deja de lado a las comunidades.
Sobre los convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extranjeras el abogado dijo que son inconstitucionales, se contrapone a los principios y normas de la policía y el manual de derechos humanos.
La entidad policial cuenta con 138 convenios conocidos, suscritos entre 1995 y el 2017 los cuales fueron revelados solamente vía recurso de Habeas Data, ya que son de carácter restringido.
A la fecha, IDL ha presentado una demanda de inconstitucionalidad para frenar dichos acuerdos que desnaturaliza la función de la fuerza pública.
AÑADE UN COMENTARIO