Foto: Servindi
En el Fospa Perú 2024 se desarrolló una nueva versión del Tribunal Ético de Mujeres donde un juzgado integrado por cuatro mujeres abordó y resolvió cuatro casos emblemáticos de justicia presentado por mujeres, una experiencia que debemos conocer.
Por Luciana Zunino
Servindi, 30 de abril, 2024.- En la Universidad Nacional de San Martín, en Tarapoto, un Tribunal Ético conformado por mujeres dio lectura a sus resoluciones sobre cuatro casos denunciados por mujeres amazónicas y andinas por atropellos a sus derechos.
La lectura se produjo el 28 de abril de 2024 en el PRE FOSPA-Perú 2024. Las denunciantes fueron Leona Pizango (kichwa); Gilda Fasabi (kukama); Elsa Merma (quechua) y Loidy Tangoa Huansi del pueblo Shawi.
El jurado fue presidido por Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA).
Fue conformado además por Cristina Gavancho, abogada del IDL; Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Lalyn Pinedo, de la Red Nacional de Promoción de la Mujer y de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
Las integrantes del jurado son reconocidas por su labor en defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente:
“Las juezas en mención destacamos el coraje y valentía de las mujeres indígenas amazónicas y andinas, que testimonian ante este Tribunal violaciones a derechos humanos ante un Estado ausente y ajeno a las demandas y reclamos de los pueblos”, indicó García.
A continuación, una presentación de cada caso por cada mujer denunciante y la lectura de la sentencia por cada una. Posteriormente, la lectura final y las conclusiones, que serán enviadas al Estado Peruano.
Leona Pizango y el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ)
Leona Pizango denuncia el despojo de sus tierras de cultivo y sustento de la economía de su familia por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (Sernanp), al crear el Parque Nacional Cordillera Azul sobre territorios de la Comunidad Nativa Cayanacu.
La jueza Cristina Gavancho realizó recomendaciones con respecto al caso instando al Estado peruano a tomar varias medidas.
Primero, la restitución inmediata del territorio de la Comunidad Nativa Kichwa Cayanacayu que fue cedido para la creación del Parque Nacional Cordillera Azul, reconociendo su ocupación ancestral y el despojo territorial que ha afectado sus medios de vida.
Segundo, implementar leyes, reglamentos y políticas de conservación que respeten los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas, incluyendo la distribución equitativa de los beneficios derivados de las actividades de conservación.
Tercero, garantizar la participación activa de las mujeres indígenas y crear un espacio para analizar el impacto diferenciado en sus derechos, promoviendo sus emprendimientos de manera integral.
Cuarto, exigir medidas de reparación, incluyendo la restitución del territorio en caso de no ser posible y asegurar el acceso a educación, salud y proyectos productivos para la familia de la señora Leona Pizango, junto con un programa de reparaciones integrales.
Para entender cómo el pueblo kichwa ha perdido su tierra debido a esta Área Natural Protegida, podemos mirar el caso específico de la Comunidad Nativa Kichwa Nuevo Lamas de Shapaja.
En este caso, el 98 % de su territorio ha sido cedido para su uso dentro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.
Mujeres Shawi y el dilema de las intérpretes
Este caso, presentado por Loidy Tangoa Huansi, exige acceso a la justicia y servicios de salud para los pueblos Kichwa, Awajún y Shawi de la región San Martín.
La sentencia fue leída por la líder Marisol García quién instó al Estado peruano a implementar políticas de salud intercultural que proporcionen y consideren el conocimiento científico indígena para atender a los integrantes de los pueblos indígenas que acudan a los servicios de salud.
Además, recomendó considerar apoyos especiales para que las mujeres indígenas pudieran desarrollarse como intérpretes, facilitando así el acceso a la justicia y la salud de sus pueblos.
También sugirió generar oportunidades para la inclusión en la capacitación y evaluación del registro de intérpretes del Ministerio de Cultura por parte de mujeres indígenas.
Para ello, deben tomar en cuenta convocatorias en horarios no laborales que permitan la mayor participación de mujeres, ya que a menudo se ven limitadas debido a que las convocatorias se realizan durante periodos escolares o laborales.
Asimismo, se propuso generar capacitaciones para la convocatoria de intérpretes en las que se estableciera la asistencia de mujeres con sus hijos mediante un sistema de cuidado descentralizado, fomentando así una participación inclusiva por regiones.
Finalmente, García destacó la importancia de que los intérpretes fueran mujeres indígenas de su propio pueblo, considerando que estas mujeres viven en un contexto de violencia institucionalizada.
Gilda Fasabi y el río Marañón
Fasabi denuncia la grave contaminación por metales pesados que afectan al cuerpo como territorio de las mujeres kukama viviendo a lo largo del Río Marañón.
Mar Pérez fue la encargada de la lectura de este caso en el que inició instando al Estado peruano a tomar diversas medidas con respecto al pueblo Kukama y el río Marañón.
En primer lugar, se pidió realizar un estudio para identificar a las personas afectadas por metales pesados en sus cuerpos, seguido de la implementación de un programa de salud para su tratamiento, el cual debía ser consultado y adaptado culturalmente con enfoque de género junto al pueblo Kukama.
En segundo lugar, se recomendó implementar un programa de remediación ambiental en el territorio kukama, previa consulta con sus organizaciones representativas, con informes trimestrales sobre su avance, y el Estado debía financiar estos trabajos imputando los costos a la empresa responsable.
En tercer lugar, se propuso establecer comités de gestión de la cuenca del Marañón, con representación equitativa de los pueblos indígenas, incluyendo un tercio de mujeres.
Además, se instó a garantizar acceso a fuentes de agua seguras para el consumo humano al pueblo Kukama y exigir a Petro Perú realizar el mantenimiento del oleoducto, informando trimestralmente a las organizaciones indígenas sobre el progreso de los trabajos.
En esa línea, Pérez recomendó conformar una comisión de expertos con participación indígena para elaborar una ley sobre Derechos de la Naturaleza.
Finalmente, se propuso establecer un programa integral de reparaciones para resarcir al pueblo Kukama por la vulneración de derechos y pedir disculpas públicas por los daños causados.
Elsa Merma y el caso de Espinar
Merma denuncia la exposición del pueblo de Espinar en Cusco a metales pesados por la contaminación minera, que afecta gravemente su salud y ambiente.
La lectura fue leída por Lalyn Pinedo quién instó al Estado peruano a llevar a cabo un estudio para identificar a las personas afectadas y a implementar un programa de salud para su tratamiento en el menor plazo posible.
Este programa deberá ser consultado con el pueblo de Espinar para asegurar su adecuación cultural y enfoque de género.
Además, recomendó implementar un programa de remediación ambiental en el territorio de Espinar, previa consulta con sus organizaciones representativas y con informes trimestrales sobre los avances de este plan.
El Estado, como responsable de la protección de los derechos humanos, deberá financiar los trabajos de remediación, pudiendo imputar los costos a la empresa responsable sin perjuicio de su facultad.
También se sugirió garantizar que el pueblo de Espinar tenga acceso a fuentes de agua seguras para el consumo humano, establecer un programa integral de reparaciones para resarcir los derechos vulnerados y pedir disculpas públicas por los graves daños ocasionados.
Finalmente, se propuso desarrollar investigaciones con debida diligencia para sancionar a los responsables del uso abusivo de la fuerza contra manifestantes anti-mineros, poniendo fin a la criminalización, los estados de emergencia y la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos.
Conclusiones finales del Tribunal Ético
Las conclusiones finales del tribunal de conciencia resaltan la persistencia de la discriminación estructural e histórica, que continúa representando una amenaza para los territorios ancestrales y los derechos de las mujeres.
El camino hacia el Buen Vivir se fundamenta en relaciones de igualdad y respeto con la naturaleza como sujeto de derecho, así como en la relación espiritual entre mujeres, hombres y el territorio.
Las actividades extractivas y de conservación de la naturaleza siguen desplazando a las comunidades de sus territorios, resultando en un despojo sistemático de sus bienes ancestrales.
Esto subraya la necesidad de acción por parte de los pueblos y movimientos para garantizar la sostenibilidad de la vida.
Las ideas y pensamientos fundamentalistas que se imponen externamente a los pueblos indígenas afectan profundamente la identidad cultural de las comunidades, que se basa en su interacción con el entorno y en su cosmovisión.
Además, estos conceptos buscan limitar los roles de las mujeres y perpetuar un esquema machista que no reconoce sus derechos.
Sin una participación real de los pueblos indígenas en el gobierno del estado, no puede haber protección efectiva de la Amazonía ni una verdadera democracia.
A pesar de los cinco siglos transcurridos desde la colonia, aún queda pendiente en el estado la creación de una institucionalidad que garantice la autodeterminación de los pueblos en el Perú, mencionó García.
Tras la lectura del veredicto, el tribunal se comprometió a transmitir las voces y recomendaciones de las denunciantes para el seguimiento de los casos. Con esto, se dio por finalizada la sesión.
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