Javier Milei y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado.
Servindi, 28 de julio, 2024.- El gobierno de Javier Milei prosigue su labor de reducir el Estado argentino y se anuncia un decreto para consumar el cierre de decenas de organismos públicos.
A la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), se sumaría el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre unas 60 dependencias.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado, es el funcionario encargado de expedir el decreto que reducirá considerablemente diversos organismos o se fusionarán con otras áreas.
En febrero de 2024 la Casa Rosada anunció el cierre del INADI como parte de una política “integral” de “desmantelamiento de diferentes institutos” que son “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”.
Así lo afirmó en esa oportunidad el vocero de gobierno Manuel Adorni, pero las medidas se concretarán con el decreto de “Fredy”, como llaman a Sturzenegger sus amigos.
Creador del polémico y en parte frenado decreto DNU/70 Sturzenegger utilizará la vía del denominado “decreto 51” –en preparación– para reducir de un plumazo el organigrama estatal.
El listado de organismos incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada con el argumento de que no tienen un fin necesario para la función pública.
Otro probable argumento es que los organismos fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos.
Según diversas fuentes periodísticas estarían en la mira del gobierno el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU).
Asimismo, el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional J. D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, entre decenas de otros.
Si bien la finalidad principal es recortar el presupuesto público, probablemente se deberá gastar mucho dinero en indemnizaciones por despidos o en retiros voluntarios.
Según fuentes del gobierno una finalidad importante es que la medida servirá al plan de terminar con las “trabas del Estado”.
“El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura” dijo hace unos días un asesor del Presidente en la Casa Rosada.
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