Banco Mundial patrocinó paquetazo y subsidio para Odebrecht

Protesta social. Foto: Andrés García / DAR Protesta social. Foto: Andrés García / DAR

Servindi, 26 de enero, 2017.- El Grupo Banco Mundial (GBM) no solo patrocinó el primer paquete normativo que debilitó la institucionalidad ambiental sino que además subsidió y dio impulso ambiental y financiero al Gasoducto del Sur a cargo de la empresa Odebrecht.

Así lo revela un reporte de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Nateurales (DAR) en base al estudio "Financiamiento de apoyo a políticas de desarrollo del Banco Mundial y Cambio Climático" elaborado por el Bank Information Center.

El dato es importante considerando que el gobierno acaba de dictar un nuevo paquete de 112 decretos legislativos que podrían ser financiados por el Banco Mundial y otras entidades en el futuro sino se evalúan con detenimiento y se examinan las posibles consecuencias de estas nuevas políticas.

Precisamente, el GBM se encuentra elaborando su Marco de Alianza País con el Perú, documento que regirá sus prioridades de financiamiento de 2017 al 2021, fecha del bicentenario nacional. Una de las prioridades anunciadas en este marco es una nueva generación de reformas estructurales para hacer frente a los retos del Perú

El GBM ha efectuado reuniones cpn personas e instituciones de la sociedad civil pero con muy poca convocatoria, advierte DAR, y sin hacer de conocimiento público el borrador de la nueva estrategia, lo que reduce la capacidad de opinar y hacer aportes significativos.

El miércoles 25 de enero una comitiva de la sociedad civil se reunió con representantes del BM en Perú para solicitar que se haga público el documento borrador. La respuesta oficial fue que el documento tiene que ser consensuado con el gobierno peruano y tiene un carácter reservado hasta contar con la autorización del Gobierno Peruano.


Documento fue elaborado por Heike Manhardt y se puede descargar de internet con un clic en este enlace

La influencia del Banco Mundial

El reporte de DAR señala que uno de los mecanismos más influyentes del Banco Mundial son los Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPF, por su sigla en inglés), y que consiste en préstamos para impulsar reformas a los marcos normativos e institucionales.

Por ejemplo, para hacer efectivo uno de esos desembolsos, uno de los DPF para potenciar el capital humano y la productividad, ponía como condición, la eliminación de “normativas, procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier nivel de gobierno” (1).

Ello tuvo como consecuencia directa el debilitamiento de la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para prevenir y sancionar infracciones ambientales al aprobarse la Ley 30230; ley del paquetazo ambiental.

La norma también redujo la capacidad del Ministerio del Ambiente para determinar los Límites Máximos Permisibles de Calidad Ambiental y facilitó el saneamiento de tierras para grandes inversiones.

Cabe advertir que una estimación del portal de investigación Convoca estima que dicho cambio legislativo condonó entre 2.1 y 8.6 millones USD en multas a compañías de petróleo y gas.

El Banco Mundial y el Gasoducto del Sur

La Ley 30230 promovida por el BM entró en vigor el 11 de julio de 2014 y doce días después se firmó el contrato del Gaseoducto del Sur (GSP). Este proyecto se benefició del marco normativo al reducirse drásticamente la posibilidad de ser sancionado por no cumplir con las regulaciones ambientales durante la fase de construcción.

También facilitó los procedimientos de adquisición de tierras y recibió un gran impulso a pesar que el proyecto aún no había definido su ruta por la Amazonía y que creaba nuevas condiciones que hacía más atractiva la inversión la tasa de rentabilidad.

El proyecto representaba entonces la Alianza Público-Privada (APP) más grande del sector Energía, con un total de casi el 54 por ciento de todas las inversiones en el sector y un 27 por ciento del total invertido en APP entre el 2011 y el 2014 (2).

Pero el BM no solo prestó dinero para capitalizar a Cálidda a través del IFC para que sea parte del consorcio que debía operar el GSP, sino que mediante otro DPF, destinado a promover las APP en el Perú (3), buscó promover este tipo de proyectos como la mejor forma de cubrir las conocidas brechas de infraestructura del país.

El BM argumentó que el GSP y otras APP del sector Energía ya estaban en cartera desde antes de la llegada de su DPF, por lo que no se verían beneficiadas por su impulso a la eliminación de “trabas burocráticas” en este tipo de proyectos.

Sin embargo, el estudio presentado presentado por el Bank Information Center.sostiene que ninguno de estos proyectos estaba en etapa de cierre financiero, por ende, de acuerdo al marco actual estos pueden ser renegociados y sujetos a enmiendas, por lo que sí se verían beneficiados por el nuevo marco normativo.

Pero eso no es todo. Según la revista Oil and Gas Year, el gas suministrado por el GSP debía ser barato para hacer que las plantas petroquímicas que se querían desarrollar alrededor del mismo sean competitivas (4). El BM dio la solución para lograr este objetivo.

El 2006 [el Banco Mundial] produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias del interior del país” en el que recomienda varios subsidios, incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (...). Además, recomendó que el gas se venda con precios de descuento, no a las familias, sino a “los grandes consumidores”. Algo que por supuesto siguió aumentando el atractivo de la obra entre posibles inversionistas.

El 2006 produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias del interior del país” en el que recomienda varios subsidios, incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (o MRG, por su sigla en inglés). Además, recomendó que el gas se venda con precios de descuento, no a las familias, sino a “los grandes consumidores”. Algo que por supuesto siguió aumentando el atractivo de la obra entre posibles inversionistas.

El Estado siguió las recomendaciones del citado estudio de 2006 (5) y el contrato se redactó de manera que el ingreso mínimo garantizado —conocido como “impuesto Odebrecht”— se cumpliera. Esto ha costado 430 millones USD solo entre el 2002 al 2008 a los consumidores peruanos solo para el beneficio del consorcio liderado por Odebrecht.

No repetir los errores del pasado

Martha Torres, Coordinadora del Programa Amazonia de DAR, sostiene que “Si esa condición de confidencialidad existe debe cambiarse" en referencia a la forma cómo se viene elaborando el nuevo Marco de Alianza País con el Perú.

"El Banco no puede abrir un proceso de consulta sin mostrar el documento a ser consultado. Tampoco se ha mostrado el Systematic Country Diagnostic (SCP) que es el diagnóstico que sirve de base para elaborar la nueva estrategia" advierte Martha Torres.

"Esos documentos son el marco que une las prioridades del gobierno actual con las estrategias de desarrollo del Banco, por lo que debería ser de conocimiento público” sentenció Torres.

DAR concluye su reporte indicando que si bien el BM tiende a proporcionar escasa información acerca de sus instrumentos crediticios, sobre todo de los que tienen por objetivo impulsar reformas de política pública, también es recurrente que se denuncie algunas de sus iniciativas por sus consecuencias socioambientales negativas.

En vista de la gravedad de la situación presentada ¿seguirá el Banco Mundial haciendo más flexibles sus salvaguardas y actuando de manera poco transparente como hasta ahora?

Notas:

(1) Boosting human capital and productivity development policy financing with a deferred drawdown option: $1.25 billion USD.

(2) Fuente: Sitio web de ProInversion, consultado el 12 de junio de 2016. http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=1&prf=2&jer=6877&sec=30

(3) Public Expenditure and Fiscal Risk Management DPF-DDO: $1.25 billion USD.

(4) The Oil and Gas Year, 2015. Stimulate Interest. The Oil and Gas Year, 7 de octubre de 2015. http://www.theoilandgasyear.com/articles/stimulate-interest/

(5) El año 2013, el mismo BM dijo en otro estudio -esta vez un estudio de caso sobre APP- que “el precio con descuento para uso interno del gas natural de Camisea introduce una distorsión de precio en el mercado representa una serie barrera para la hidroelectricidad y otras tecnologías renovables – al igual que el uso eficiente del gas natural en la generación de energía térmica tales como unidades de ciclo combinadas”. Vagliasindi, Maria, 2013. Revisiting Public-Private Partnerships in the Power Sector: The Case of Peru. Un estudio del Banco Mundial, 2013.

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En base a información de DAR: http://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-revela-el-banco-mundial-patrocino-el-primer-paquetazo-ambiental-y-el-subsidio-pagado-a-odebrecht-en-el-gasoducto-del-sur/

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