Foro Panamazónico pide evitar el punto de no retorno de la Amazonía

Declaración Internacional: El grito de la Amazonía

Pre-FOSPA BOLIVIA, 20 al 23 de julio

Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en el marco del Pre-Foro Social Panamazónico de Bolivia, acordamos movilizarnos a nivel nacional e internacional por las siguientes propuestas, e instamos a los Jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela a adoptar decisiones urgentes para su efectiva e inmediata implementación en la práctica:         

1. Adoptar todas las acciones necesarias para evitar el punto de no retorno de la Amazonía protegiendo el 80% de su territorio para 2025 a través de un plan que asegure a) frenar toda deforestación ilegal para 2025, b) alcanzar cero deforestación legal para 2027, c) abrogar las leyes y disposiciones que promuevan la destrucción de la Amazonía, y d) rehabilitar, recuperar y restaurar las áreas deforestadas y degradadas.
2. Titular hasta 2025 el 100% de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales, asegurando la seguridad integral (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, y garantizando un enfoque de género en la distribución y titulación de las tierras.
3. Suspender toda exploración y autorización de explotaciòn de hidrocarburos e infraestructura asociada en la Amazonía, y adoptar la decisión de dejar los combustibles fósiles bajo tierra en toda la cuenca amazónica, que contemple medidas de desmantelamiento, remediación de territorios impactados y compensación de poblaciones afectadas, e impulse un plan de transición energética justa, popular e inclusiva. Expresamos nuestro total respaldo al SÍ en el referéndum del Ecuador para dejar el petróleo sin extraer en la zona megadiversa del Yasuní, y dar un mensaje al mundo desde la Amazonía, para  enfrentar el cambio climático, el extractivismo y defender la vida. Así mismo,  respaldamos las demandas de organizaciones de Brasil y Guyana que han obtenido victorias frente a la expansión hidrocarburífera en sus costas. 
4. Declarar emergencia climática en la Amazonía y demandar a los nueve gobiernos de los países amazónicos cumplir con sus compromisos climáticos incumplidos e incrementar sustancialmente sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a las metas establecidas en el presente documento en torno a la eliminación de la deforestación y la salida de los hidrocarburos, y garantizar la participaciòn efectiva de los pueblos indìgenas, especialmente mujeres y jóvenes, en toda la cadena de producción energética como parte de los procesos de planificación, gestión y gobernanza para la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva
5. Frenar la expansión de la frontera agropecuaria: a) sancionando a los responsables del desplazamiento y despojo de tierras en la Amazonía, b) fortaleciendo las alternativas productivas comunitarias agroforestales y ecoturísticas de convivencia con la Amazonía y c) creando un Sello Amazónico que certifique que los productos amazónicos a ser exportados o consumidos a nivel nacional  e internacional no contribuyen a la deforestación, degradación y contaminación.
6. Impulsar un plan de transición para salvar a la Amazonía de la minería y la contaminación por mercurio que: a) reduzca anualmente el uso del mercurio y la minería ilegal hasta su eliminación total para 2027; b) prohíba las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas; c) realice evaluaciones de impacto ambiental integral de medio término a las actividades mineras legales, para reforzar los planes de mitigación socio-ambiental y establecer los términos de su continuidad y futuro cierre; y d) implemente medidas efectivas para la reparación de la salud de las personas y restauración de ecosistemas afectados por el mercurio y la minería.
7. Garantizar la consulta para el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a los estándares internacionales de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los emprendimientos de impacto significativo en la Amazonía.
8. Garantizar evaluaciones de impacto ambiental integrales y participativas, realizadas por entidades independientes en la Amazonía para todas las actividades que afectan gravemente a la región.
9. Respetar las formas de autoidentificación, autoorganización y autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, garantizando las autonomías y autogobiernos indígenas a través de la implementación de las normativas que aseguren los derechos de los pueblos indígenas  y de los pueblos amazónicos (Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Acuerdo de Escazú, Convenio de MINAMATA y otros)  y dar cumplimiento a las resoluciones y sentencias de la justicia, incluyendo la jurisdicción indígena, a favor de las poblaciones indígenas. 
10. Garantizar y defender los cuerpos y territorios y la autonomía  de las mujeres y exigir el derecho a la vida digna de las mujeres indígenas, negras quilombolas, andinas y campesinas, disidencias y  mujeres de las diversidades respetando su cultura e identidad ancestral, frente a la ofensiva del extractivismo neoliberal y patriarcal. Erradicar toda discriminación que se ejerce  en los establecimientos públicos hacia las mujeres, y sancionar todo tipo de  violencia, violencia sexual, el feminicidio, la violación de los derechos sexuales y reproductivos que impactan en la vida y  los cuerpos de las mujeres, niñas, sus culturas y sus cosmovisiones.
11. Asegurar de manera efectiva los derechos a la salud, la educación bilingüe, al agua potable, a la comunicación y otros derechos indispensables para una vida digna, y establecer mecanismos de protección de las defensoras y defensores de la Amazonía.
12. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, combatiendo la biopiratería.
13. Librar a la Amazonía del flagelo del narcotráfico, desmantelando sus laboratorios y operaciones comerciales y financieras, y deteniendo a los cabecillas de los carteles del narcotráfico.
14. Promover una gestión holística, multidimensional y no antropocéntrica de los sistemas acuáticos en la Amazonía que comprenda: a) la creación de áreas protegidas acuáticas para conservar la salud de la cuenca amazónica; b) la protección efectiva de los sitios Ramsar (humedales) en la Amazonía; c) la  prohibición del uso de agroquímicos catalogados internacionalmente como tóxicos y peligrosos en la agricultura[DB5] .
15. Garantizar el derecho humano al agua de todas las poblaciones amazónicas y el derecho al agua de todos los componentes de la naturaleza. Declarar a los ríos, lagunas y al sistema acuático de la Amazonía como sujetos de derechos garantizando su derecho a existir, a no ser contaminados, a fluir, a preservar sus ciclos vitales, y a una restauración oportuna, garantizando los Derechos de la Naturaleza.
16. Prohibir la construcción de represas hidroeléctricas con capacidad instalada superior a 10 MW y la construcción de mega hidrovías y otras infraestructuras sin estudiar alternativas de menor impacto eco-social y realizar de manera transparente, participativa e independiente estudios de evaluación de impacto ambiental.
17. Dejar de subsidiar, otorgar créditos e invertir en emprendimientos que destruyen la Amazonía, y dirigir dichos recursos hacia el bienestar de los pueblos indígenas y la naturaleza.
18. Impulsar un financiamiento para la Amazonía: a) integral, transparente, directo y con participación de los pueblos indígenas tradicionales, la sociedad civil organizada y en particular las organizaciones de mujeres; b) alineado con los planes de gestión territorial de los pueblos indígenas y campesinos originarios; y c) que asegure mecanismos de participación, control y vigilancia social, para evitar el mal uso, el despilfarro y la corrupción.
19. Promover y fortalecer las alternativas económicas indígenas, comunitarias, sociales  y solidarias en los territorios amazónicos, fortaleciendo los procesos de transición ecológica y soberanía alimentaria, visibilizando que otras economías son posibles.
20. Garantizar que en todo canje de deuda por acción climática y/o preservación de la naturaleza se establezcan: a) indicadores precisos acordados con los pueblos amazónicos, b) mecanismos para que dichos recursos se destinen efectivamente a la Amazonía y no se desvíen a otros fines, c) mandatos para implementar las propuestas económicas de convivencia de los pueblos amazónicos con la naturaleza, d) mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento, e) disposiciones para la no mercantilización de la naturaleza, ni la otorgación de permisos para seguir contaminando en otras partes del planeta a través de la compra-venta de certificados de reducción de emisiones.
21. Establecer un impuesto al carbono que emiten las grandes industrias y agroindustrias contaminantes para destinar dichos recursos a salvar la Amazonía.
22. Tipificar e incorporar el delito de ecocidio en las legislaciones de los países Amazónicos y sancionar de manera efectiva todos los delitos ambientales
23. Reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos y garantizar su derecho a existir, a vivir libre de contaminación, a preservar sus ciclos vitales, a regenerarse y a la restauración oportuna y efectiva de sus sistemas de vida.
24. Impulsar la creación de un OTCA-SOCIAL para que exista una efectiva participación indígena, campesina originaria y social en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que asegure que las estrategias, planes y compromisos conduzcan al efectivo cumplimiento de los puntos anteriormente mencionados.
25. Expresar nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del Perú por sus derechos y contra todo tipo de autoritarismo y violencia.

23 de julio 2023, Rurrenabaque – San Buenaventura, Pre-FOSPA Bolivia.

Declaración del Pre-FOSPA: Por la vida en la Amazonía

En las localidades de Rurrenabaque y San Buenaventura, los días 20 a 23 de julio de 2023, en el marco del Pre-Foro Social Panamazónico, congregados jóvenes, mujeres y hombres de organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras bajas y tierras altas de Bolivia, instituciones de apoyo, académicos (as) y activistas, reunidos para reflexionar sobre las principales problemáticas que amenazan la existencia de la Amazonía y sus pueblos, y para articular luchas y resistencias, haciendo eco del clamor de nuestros ríos, bosques y cerros, de los animales y todos los otros seres que habitan en la naturaleza:

1. Enfatizamos que los pueblos indígenas y naciones originarias existimos desde tiempos precoloniales. Nacimos con territorio y hemos luchado para que el Estado reconozca y respete nuestros territorios indispensables para garantizar nuestra vida, nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestra dignidad.
2. Exigimos dar continuidad, y concluir el proceso de saneamiento y titulación de todos nuestros territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar, así como proceder al desalojo de los terceros cuyos asentamientos han sido declarados ilegales. En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio, como los Esse Ejjas de Eyiyoquibo, los Tsimane del sector Yacamá, los Tacanas del Río Beni y Madre de Dios, y otros territorios que no han recibido una respuesta oportuna.
3. Denunciamos el accionar de instituciones públicas como el INRA, ABT, AJAM y TAA, que desconocen los derechos de los pueblos indígenas, vulnerando su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.
4. Declaramos que los procesos autonómicos buscan el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos para su autogobierno y libre determinación. Señalamos que este es el camino para la libertad descolonizadora, la construcción de la Tierra Sin Mal, del Vivir Bien, del Gran Paitití, la Loma Santa, y una vida plena con justicia y equidad.
5. Demandamos que sean más cortos y ágiles los procedimientos y requisitos que el Estado boliviano exige a los pueblos indígena originarios y campesinos para la consolidación de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas de acuerdo con normas y procedimientos propios, y que no exijan criterios que limitan nuestro derecho y son reflejo de la falta de voluntad política del gobierno desconociendo la cultura y tradición de los pueblos.
6. Denunciamos que a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) y las demás jurisdicciones existentes en el país, persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC. Los jueces deben conocer la realidad de los pueblos y respetar la decisión de las autoridades indígenas.
7. Exigimos la aplicación de sanciones a administradores de justicia (jueces, fiscales y policías) que no respetan las sentencias de instancias superiores a favor de la JIOC y que incumplan las determinaciones emitidas por ésta.
8. Reiteramos que el agua es un derecho y no un negocio, por lo tanto, exigimos su acceso concreto. Para nosotros, los pueblos indígenas y comunidades campesinas, el agua es vital y parte integral de nuestras vidas: es salud, es economía en nuestra producción, es parte de nuestra cultura, y es un medio de comunicación e integración entre comunidades.
9. Demandamos el desarrollo de normativas, con participación de los pueblos indígenas y campesinos originarios, en los distintos niveles de gobierno destinadas a preservar y conservar las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.
10. Exigimos la creación de mecanismos de protección del agua y la participación equitativa de jóvenes, mujeres y hombres en todas las instancias de toma de decisiones donde se decide el manejo administrativo de los recursos naturales de la comunidad y el territorio.
11. Rechazamos los proyectos extractivistas porque destruyen nuestra Casa Grande.
12. Demandamos proyectos sustentables para nuestras comunidades que sean respetuosos con la Naturaleza como el turismo sostenible y comunitario, que sirve como herramienta para la protección, gestión y defensa territorial y de nuestros valores culturales ancestrales. Así también, llamamos a impulsar las alternativas que nacen desde las comunidades indígenas y campesinas originarias que están en armonía con la naturaleza.
13. Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza. Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan. Rechazamos las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos que están siendo promovidas por el Gobierno, ya que profundizarán la deforestación.
14. Exigimos que los mecanismos de financiamiento de proyectos para la Amazonía sean transparentes, participativos y directos para que dichos recursos lleguen a las comunidades que preservan la Amazonía, y no se despilfarren en la burocracia, las consultorías y la corrupción, ni promuevan mecanismos de mercantilización de la naturaleza.
15. Rechazamos la intención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de reconocer como derechos preconstituidos mineros en áreas protegidas las solicitudes y autorizaciones que ilegalmente se dieron hasta 2015. Exigimos que se respete la fecha de creación de las áreas protegidas y que en ningún caso se reconozcan derechos que se hayan constituido después de la fecha de su creación. Exigimos la modificación de la Ley Minera por atentar contra la Naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibidas las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Llamamos a movilizarnos en defensa del área protegida del Madidi y de todas las áreas protegidas del país contra todo tipo de avasallamiento.
16. Demandamos que se reconozca al río Beni, río Tuichi, río de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad, a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.
17. Demandamos que se cumplan las obligaciones asumidas por el Estado, en el marco de instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú, para la defensa de derechos, la protección de las y los defensores, acceso a la información pronta y oportuna, y se investiguen y sancionen las vulneraciones en contra de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
18. Rechazamos que el gobierno y sus diferentes instancias gubernamentales y empresas estatales permitan y promuevan el modelo de desarrollo agro extractivista que vulnera los derechos fundamentales de los TIOCS y de los habitantes de la Amazonia. Exigimos que se promuevan modelos de desarrollo productivos sostenibles coherentes con la vocación de la tierra y acordes a la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología y gestión integral de los territorios.
19. Pedimos que se identifique y sancione a las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios que vulneran los derechos fundamentales de las personas y derechos de la Naturaleza. Demandamos que los responsables indemnicen a los afectados y que reparen los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones, quedando sujetos al cese de actividades.
20. Impulsamos la creación de redes y alianzas de comercio justo, economía social comunitaria, la generación de capacidades productivas, de gestión de proyectos en diversas áreas, y la creación de un “sello amazónico” que certifique que los productos a ser consumidos nacional e internacionalmente contribuyen a la preservación y conservación de la Amazonia y no generan la deforestación y contaminación.
21. Exigimos políticas públicas del Estado que incentiven la producción de los pueblos indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales, e impulsen planes de restauración para rescatar especies nativas, maderables y no maderables, con el objetivo de promover el cuidado sostenible de los bosques garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos una economía familiar sustentable.
22. Sostenemos enfáticamente que la lucha contra el uso del mercurio es la lucha por la vida. Buscamos avanzar hacia un plan de transición para una Amazonía libre de minería y mercurio. Las alternativas deben promover el desarrollo de nuestras capacidades productivas, recuperando nuestros saberes ancestrales y precautelando nuestras formas de vida. Exigimos la creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados por la minería y las sustancias que esta utiliza. Asimismo, exigimos que el Estado reconozca los estudios y la generación de evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas llevados a cabo por monitores comunitarios, ong y universidades.
23. Demandamos que la fiscalización de las actividades mineras se realice con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como gobiernos locales, municipales y departamentales.
24. Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarias campesinas.
25. Respaldamos la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) en su búsqueda por garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la contaminación del mercurio, tales como el derecho a la salud, la alimentación, la vida y el territorio. Además, pedimos la inmediata aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru Uru, las cuales obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras desarrolladas en los alrededores de los lagos Uru Uru y Poopó. Exigimos el cumplimiento del Decreto Supremo 0335 de Emergencia Ambiental.
26. Cuando decimos NO, es NO. La consulta para el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades campesinas debe ser garantizada y tener un carácter vinculante. El respeto del convenio 169 de la OIT es la pieza fundamental para la consulta. Los procesos de consulta deben realizarse con un enfoque de cuenca, consultando a todos los pueblos y territorios indígenas y campesinos unidos por el agua, y afectadas aguas arriba y abajo. La consulta pública es tramposa y afecta la integridad de nuestras capacidades de autodeterminación con prebendas y otras acciones que buscan conseguir el consentimiento a toda costa.
27. Proponemos la creación de una instancia imparcial de carácter regional que desde la sociedad civil haga seguimiento al cumplimiento de estos estándares y de la calidad en la realización de los procesos de consulta previa.
28. Demandamos que los procesos para la transición energética no reproduzcan el extractivismo. Exigimos que el Estado garantice una soberanía energética basada en energías limpias y renovables en complementariedad con la soberanía territorial, hídrica y alimentaria, y el respeto de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y la Madre Tierra. Exigimos la creación de mecanismos de democratización de la energía de manera que fortalezca procesos participativos de gobernanza energética, en el camino hacia la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.
29. Reconocemos la importancia de los mecanismos de participación directa que permitan decidir sobre el futuro de la Amazonia por lo que apoyamos con el SI a los procesos de Consulta Popular para mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní y prohibir las actividades mineras en el Choco Andino en Ecuador.

¡¡¡Por una Amazonía que es fuente de vida!!!

Las siguientes organizaciones respaldamos la presente declaración: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando (CIPOAP), Central de Mujeres Indígenas Guarayas – Regional (CEMIG-R), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización de Mujeres Indígenas Lecos (OMIL), Gran Consejo Chiman, Sub Consejo Tsimane’ Regional Y’acama, Comunidad Esse Ejja de Eiyoquibo (CEEE), Autonomía Indígena Originaria Campesina de C’halla, Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Díez (FSUTCRVD), Comité de Género de la FEDECOR, Comunidad Suyku Pujio, Sacaba Cochabamba, Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque (OCIR), Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCCISM), Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Federación Regional Madre de Dios, Autonomía Indígena del Territorio Indígena Multiétnico (AIO TIM), Gran Cabildo Indígenas de San Ignacio de Mojos, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Organización de Mujeres Indígenas Bella Selva, Asociación de Productores Agropecuarios de San Andrés (APASAD II), Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Federación Regional de Campesinos de la provincia Ballivián Beni, Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS), Comunidad Motacusito del Pantanal, Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR), Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), Organización de Mujeres Indígenas de Comunidades Chiquitanas de Roboré (OMCICH-R), Red de Defensores de Agua y Territorio (REDAT), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Cruz, Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Bermejo, Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, GAIOC Kereimba Iyaambae, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS), Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Consejo del Pueblo de San José de Uchupiamonas (PISJU), Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas (OMISJU), Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM-PL), Puerto Yumai, Red Chimpu Warmi, Ayllu San Agustín de Puñaca, Suyu Jacha Karangas, Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL), Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios Lago Tumichucua (ACOPALT), Subcentral Larata, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marbán (CSUTCPM), Organización de Mujeres Indígenas Kavineñas (ODEMIK), Comunidad de Zongo.

Con el apoyo del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-CENDA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Fundación Jubileo, Fundación TIERRA, Fundación Solón, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia-GTCCJ, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología Tierra-ISEAT, College des Bernardins, Programa NINA, Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Red Eclesial Panamazónica- REPAM, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático-PBFCC, Proyecto Voces para la Acción Climática justa (VAC), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS, Semilla Ecosocial, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón CESU- UMSS, Parroquia de San Ignacio de Mojos, Centro de Estudios y Cooperación Internacional – CECI, Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos – CEPA, Red de Transición Energética Popular-REDTEP, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente – CEDENMA y Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza – GARN.

Delegaciones internacionales: Fospa Perú, Fospa Colombia, Fospa Brasil y Fospa Ecuador.

Rurrenabaque – San Buenaventura, Bolivia Domingo, 23 de julio de 2023