Fuente de la imagen: Ojo Público
Servindi, 24 de marzo, 2019.- Un clima de zozobra envuelve a los comuneros de Fuerabamba ante al enorme operativo que prepara el gobierno para intentar apaciguar el conflicto.
Dos mil policías y trescientos militares fueron desplazados a la zona para desbloquear la vía de salida del concentrado de cobre que extrae el proyecto minero Las Bambas.
Un audio difundido por el periodista Nicolás Lúcar reveló la preparación del operativo que involucra a policías, militares, fiscales y periodistas amigos.
"Pon alerta esto, está entrando (militares) supuestamente apoyando a la comunidad de Yavi Yavi, llevándoles medicinas... pero es una pantalla” dice un informante a un poblador.
“piensan llevar dos o tres medios para que no filme la masacre que va a haber... son ordenes de Lima, a los niños tienen que sacarlos...", prosigue el informante.
Con esta acción el gobierno pretende doblegar la protesta que exige una compensación por el uso de una carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, entregado en propiedad a la comunidad.
En las redes sociales se difunden anuncios de una masacre comunal e incluso se dan cifras y nombres de muertos y heridos.
En realidad, corresponden al conflicto que marcó de muerte a Las Bambas con tres muertos el 2015 y otro campesino muerto el 2016.
La desilusión de ser pro minero
Cuando los comuneros salieron de sus tierras originarias para que el proyecto minero prospere nunca pensaron que la empresa y el Estado les daría la espalda y los tratara como enemigos.
El presidente de la comunidad y dos abogados comunales fueron detenidos el jueves 21 de marzo acusados de extorsión por exigir el pago de la servidumbre de la vía que atraviesa su propiedad.
Como lo han explicado el Instituto de Defensa Legal (IDL), la acusación de “extorsión” es inapropiada, injusta y desproporcionada cuando se ejerce el legítimo derecho a la defensa.
La comunidad Fuerabamba no posee los recursos ni las influencias de los empresarios mineros para hacerse escuchar e influir en las autoridades para hacer respetar sus derechos.
Represión agravará conflicto y violencia
Lejos de atenuar el conflicto cualquier medida represiva solo incrementará la violencia debido al sinsabor de la injusticia.
Por lo pronto, la detención de dirigentes y abogados ha despertado en pobladores de la comunidad el deseo espontáneo de recuperar sus tierras ancestrales y avanzar hacia el tajo minero.
Los alcaldes de los seis distritos de la provincia de Cotabambas expresaron de inmediato su solidaridad y suscribieron un pronunciamiento conjunto.
En el exigen respetar los derechos humanos de los dirigentes denunciados, así como respetar la propiedad privada de las comunidades frente al proyecto minero.
El Frente Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Andahuaylas anunció un paro provincial por la detención de dirigentes.
Una reunión ampliada de las 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho, acordó un paro indefinido en solidaridad con Fuerabamba y otros distritos realizan consultas para sumarse a la medida.
¿Quién garantiza el estado de derecho en el Peru?
Si bien, Del Solar hizo lobby pro minero cuando fue ministro de Cultura aún hay mucha distancia con avalar un operativo represivo desproporcionado que puede derivar en más campesinos muertos.
Está en manos de las autoridades y su presidente del Consejo de Ministros encontrar salidas pacíficas a los conflictos en base al diálogo y el respeto al estado democrático de derecho.
Entre estos derechos, se encuentra el respecto a la propiedad privada comunal. ¿O acaso, todas las propiedades privadas valen, menos esta?
También se debe garantizar el legítimo derecho a la representación y a la defensa, hoy vulnerado por el apresamiento de dirigentes y abogados de la comunidad.
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