Indígenas de Venezuela. Foto: Wataniba, Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía.
Comité de la ONU insta a Venezuela a tomar medidas contra la discriminación de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Servindi, 24 de agosto, 2024.- Las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Venezuela tienen mayores limitaciones para acceder a servicios básicos, como la salud y la educación, al igual que al mercado de trabajo.
Así lo advierten expertos en derechos humanos quienes destacan las limitaciones y piden medidas que disminuyan la pobreza y los niveles de desigualdad que las afectan.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por su sigla en inglés) recomienda a Venezuela intensificar los esfuerzos para eliminar la discriminación institucional y racial en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes con medidas de acción afirmativa.
Cabe destacar que los 18 expertos designados para el Comité reciben sus mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No son personal de las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo.
En el adelanto de sus observaciones sobre dos informes periódicos de Venezuela publicadas el viernes 23 de agosto el CEDR exhortó al país a garantizar que los planes y políticas públicas para eliminar la discriminación se implementen de manera efectiva.
Para ello, debe tomarse en cuenta las brechas de desigualdad y las necesidades concretas de los pueblos indígenas y de la población afrodescendiente a fin de lograr resultados significativos para disminuir la pobreza y los niveles de desigualdad.
También pidió asegurar que los pueblos indígenas y los afrodescendientes sean consultados y participen en el diseño e instrumentación de los programas sociales en su favor.
Tras reconocer los esfuerzos de Venezuela en favor de los pueblos indígenas, el Comité subrayó las altas tasas de deserción escolar y la falta de maestros calificados en las escuelas principalmente en las zonas donde habitan estos pueblos.
Difícil acceso a servicios básicos
Indígena venezolana con su hijo. Foto: ACNUR Brasil.
El Comité también manifestó preocupación por las limitaciones que encaran los pueblos indígenas para acceder a servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados, al igual que los obstáculos para su acceso al mercado laboral.
Al respecto, recomendó redoblar los trabajos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la educación para los niños indígenas.
Incluso mediante la promoción de procesos formativos y de capacitación continua de los docentes a fin de fortalecer la educación intercultural bilingüe.
Otra recomendación fue reducir los índices de deserción escolar y repetición entre los niños y niñas indígenas.
En cuanto a los servicios de salud, llamó a Venezuela a asegurar su accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad teniendo especial consideración de las necesidades, tradiciones y diferencias culturales de los pueblos indígenas, principalmente en el caso de las mujeres.
Para el mercado laboral, el Comité pidió al país que garantice que las personas indígenas tengan un acceso sin discriminación y cuenten con condiciones de trabajo justas y satisfactorias.
Proteger los territorios indígenas
Los expertos del Comité dijeron que el Estado debe tomar medidas para proteger las tierras, territorios y recursos para que las poblaciones indígenas puedan disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo.
Asimismo, le pidió planes adecuados que prevengan su desplazamiento de los territorios que tradicionalmente han ocupado y poseído, y de mitigación y compensación por daños o pérdidas ocasionadas por las actividades realizadas en sus territorios.
Del mismo modo, instó al país a no desplegar fuerzas militares ni realizar operativos militares en territorios indígenas sin haber consultado previamente a sus habitantes para obtener su consentimiento libre e informado y con apego a los derechos humanos cuando ese tipo de operativos sean indispensables.
Intimidación a defensores de derechos humanos
En otro apartado, el Comité expresó preocupación por las informaciones sobre actos de intimidación y represalias en contra de representantes de organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos en Venezuela.
El Comité condenó esas acciones e instó a Venezuela a adoptar medidas efectivas para prevenir todo tipo de acoso, hostigamiento, intimidación o amenazas a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil por su cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de protección de las garantías fundamentales.
También le pidió al país investigar exhaustivamente todas las alegaciones al respecto.
Ley contra el Odio
Las observaciones del Comité analizaron la Ley Constitucional contra el Odio promulgada en 2017, manifestando inquietud por la falta de precisión de las definiciones utilizadas para calificar los delitos,
Citaron denuncias del uso de la legislación como instrumento para limitar la libertad de expresión y el número de procesos penales relacionados con declaraciones en contra de las autoridades y en defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, exhortan al país a enmendar la Ley a fin de definir claramente las expresiones que constituyen incitación al odio, teniendo en cuenta los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión.
“El Comité recuerda al Estado parte que las medidas encaminadas a vigilar y combatir el discurso racista no deben emplearse como pretexto para restringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición”, apuntó.
Descargue documento completo de Observaciones del CERD
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