Imagen: Contrainformación
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) critica los “ingentes recursos” destinados a bloquear la migración, en contraste con la “absoluta falta de inversión en acogida”. El incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756 por ciento.
Servindi, 23 de marzo, 2021.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció que 1.717 personas perdieron la vida intentado llegar a España durante el 2020, la cifra más alta desde que existen registros.
La denuncia se efectuó durante la presentación del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, efectuada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
“Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización.
Se registra un 29 por ciento de incremento de las personas que –en 2020 y respecto a 2019– lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).
La asociación pone de relieve una vez más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas.
Y en general, pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte, denuncian, es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur.
Para la organización, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta.
Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID19.
“Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso”, aseguran desde la APDHA.
Todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar al Estado español por la frontera sur.
Ello, “a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”, explican.
Los “ingentes recursos” que se destinan para contener la migración constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado” a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice.
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Entre las medidas de contención se encuentra:
- La implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros.
- Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
- Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y repartidos por toda Andalucía.
- Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades.
- El despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
- La compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea.
Si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia.
Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones.
Informan de que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%, “y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos".
"Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…”.
Todo ello evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádizuerdan.
Lamentan que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”.
La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras.
Ese es el único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad.
Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa.
Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo que llevan realizando 20 años.
El documento incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.
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