Por Jorge Agurto
Servindi, 22 de agosto, 2024.- Si el gobierno peruano piensa que será fácil ocultar su incumplimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al parecer se ha equivocado.
Esto se desprende de la fructífera reunión de trabajo de organizaciones sindicales, indígenas y sociedad civil que revisó las respuestas del gobierno a dos importantes instancias de la OIT.
Se trata de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y por la Comisión de Aplicación de Normas (CAN).
Como antecedente está la Observación de la CEACR en 2023 y la Solicitud directa de la CEACR comunicadas al gobierno peruano. Ambos documentos fueron conocidos en la 112 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) celebrada del 3 al 14 de junio de 2024.
El tono de la Observación de la CEACR no deja duda:
“La Comisión deplora profundamente que trascurrida una década desde los asesinatos de los dirigentes indígenas en Alto Tamaya-Saweto, aun no haya finalizado el proceso penal que permita sancionar a todos los responsables materiales y/o intelectuales de estos asesinatos”
Es importante resaltar que Perú figura en la lista de casos individuales por país de la CIT relacionados a algún convenio de la OIT, pero es el único relacionado al Convenio 169 de la OIT.
El gobierno peruano intentó aplacar el tono elevado de la Observación de la CEACR con un documento enviado a la Comisión de Aplicación de Normas de fecha 21 de mayo de 2024, donde en forma escueta intenta responder diversos cuestionamientos.
Las cuatro recomendaciones y los seis pedidos de información pedidos por la Comisión de Aplicación de Normas son de junio de 2024, y se pueden observar en la siguiente tabla:
El gobierno peruano ha respondido en julio de 2024 con una memoria de 71 páginas con la que intenta satisfacer a los organismos de la OIT de su fiel y estricto cumplimiento del Convenio 169.
Sin embargo. como se hizo notar en la reunión de trabajo, el gobierno se ha apresurado en responder y contestar aspectos que le son convenientes, pero está muy lejos de decir toda la verdad.
El afán de intentar disipar sus incumplimientos ante la OIT con la abultada memoria respondería a la intención de evitar ingresar a “la lista corta” de países examinados.
Asimismo, evitar que la OIT designe una comisión de asistencia técnica con facultades de seguimiento e implementación del Convenio 169 de la OIT, lo cual sería un nuevo frente de observación a sus vulneraciones.
Las organizaciones sindicales de Perú, organizaciones indígenas invitadas y de la sociedad civil concertarán esfuerzos para dar información precisa y complementaria para rebatir los supuestos cumplimientos del gobierno peruano.
Cabe destacar el rol de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT) que expresaron su disposición para canalizar una respuesta enriquecida a la OIT.
De igual modo, fue importante la participación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que periódicamente hace informes sombra a los informes del gobierno sobre el Convenio 169 de la OIT.
El espacio de trabajo hará seguimiento puntual a las respuestas del gobierno y contribuirá a que las comisiones de la OIT reciban información precisa y detallada sobre los incumplimientos en los casos solicitados y en otros que vulneran disposiciones del Convenio 169.
La reunión fue posible gracias a la convocatoria de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), institución que contribuye con las organizaciones sociales en la cautela y mejor ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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