Servindi, 17 de marzo, 2021.- Después de una década de persecución los voceros de la protesta social conocida como el Aymarazo serán absueltos de toda responsabilidad.
Así lo reporta una nota de la asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) que indica que el argumento para la absolución es “el ejercicio del derecho a protestar por parte de los voceros aymaras”.
De acuerdo a la lectura preliminar del Juzgado Penal Unipersonal de Yunguyo Patricio Illacutipa Illacutipa, Walter Aduviri Calisaya, Rufino Macha Quinto, Javier Pari Sarmiento y José Aurelio Cupi Claros fueron absueltos.
La lectura completa de la sentencia de absolución se efectuará el 26 de marzo. La autoridad judicial que lleva el caso es el juez Juan Manuel Flores Sánchez.
Ellos fueron acusados de entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos durante la protesta en 2011 contra el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek Mining Company.
El proyecto pretendía extraer a tajo abierto 63.2 millones de onza de plata por un periodo de 11 años, en los distritos de Huacullani y Kelluyo.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Mixta de Desaguadero, pidió para los imputados 6 años de cárcel, y una reparación civil a favor del Estado peruano por la suma de 2 millones de dólares.
La acusación se apoyó en los hechos ocurridos en el distrito de Desaguadero, donde hubo afectaciones a las instituciones públicas y privadas durante las protestas de los pobladores de la zona Sur de Puno.
En ella participaron pobladores de los distritos: Desaguadero, Zepita, Huacullani, Kelluyo, Pizacoma y Copani, detalla la nota de la asocición DHUMA.
Los pobladores exigían la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007 EM que declara de necesidad pública el proyecto minero Santa Ana, y rechazaban el proyecto por amenazar con contaminar el agua.
Asimismo, exigían el respeto a la tierra y al territorio de las comunidades aymaras y a los derechos colectivos del pueblo Aymara consagrados en el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la OIT como el derecho a la consulta previa.
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