Conflictividad social alcanza récord en 7 años

Servindi, 14 de diciembre, 2023.- En los últimos meses del año los conflictos sociales se han incrementado alcanzando 220 casos, el número más alto en los últimos 7 años informó el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

Más del 60 por ciento de los conflictos corresponden a la categoría socioambiental, y de este tipo de conflictos, el 67 por ciento se vinculan con la actividad minera.

El informe fue presentado la mañana del jueves 14 de diciembre por las asociaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.

Minería: motor de los conflictos

Los conflictos se reactivaron en los últimos meses en el corredor sur andino, a lo que se suma los crecientes problemas en el norte y la Amazonía vinculados a la minería ilegal e informal.

Las concesiones mineras ocupan 20 millones de hectáreas a nivel nacional, mientras que la minería informal e ilegal ocuparía 25 millones de hectáreas.

Casi no hay ningún lugar del país a donde esta actividad ilícita no haya llegado, indica el informe del 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). .

“Este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre” comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.

“Al revisarlo por macro región, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificaron los conflictos”, agregó.

En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos, como el de Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, el caso de Huanta en Ayacucho por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).

Minería ilegal e informal

“La minería ilegal en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. En este período, el sector ha gozado de precios altos, especialmente en el caso del oro, alcanzando alrededor de 1890 dólares por onza” explicó De Echave.

“Este auge ha permitido que la minería ilegal acumule un considerable poder económico, que ejerza control territorial y tenga una influencia política que se extiende desde alcaldes hasta congresistas”, prosiguió el investigador.

De acuerdo con estimaciones de CooperAcción en base a cifras oficiales, la minería ilegal e informal ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional.

Este dato cobra relevancia considerando que las concesiones mineras formales ocupan cerca de 20 millones de hectáreas.

En conclusión, la minería ilegal e informal se extiende prácticamente por todo el país, afectando a casi todos los departamentos.

De Echave destaca que mientras la minería formal emplea alrededor de 220 mil trabajadores, la minería informal supera el doble de esa cifra, con aproximadamente 400 mil trabajadores.

Esta considerable base social hace que el sector sea electoralmente atractivo y ejerza una influencia significativa en el ámbito político.

Además, destacó que la minería informal, que antes estaba centrada en metales preciosos como el oro, ahora se ha diversificado, incluyendo la extracción de metales de base como el cobre y también productos no metálicos.

Ausencia del Estado

Según explicó Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, uno de los factores detrás de la expansión de la minería ilegal es la ausencia del Estado, que se ha agudizado durante la pandemia.

La crisis sanitaria no solo implicó un retroceso y retiro del Estado en términos generales, sino que también exacerbó la vulnerabilidad de ciertas regiones ante la minería ilegal, donde la presencia del gobierno es mínima.

“Es necesario un control de la cadena de suministros que ahora nadie controla. No es solo ver a los mineros, también es necesario identificar a los que les facilitan los instrumentos para su actividad ilegal”, dijo Ana Leyva.

Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides, para hacer frente al avance de la minería ilegal e informal es importante fortalecer a las organizaciones sociales de base para que la sociedad le haga frente.

Mirtha Villanueva resaltó que son las mujeres y los niños los más afectados con dicha actividad ilegal.

Fronteras peligrosas

El 33° informe del OCM advierte que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las zonas de frontera con Ecuador y Colombia.

En el caso de la frontera con Ecuador, la expansión minera se produce en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa.

En el caso de la frontera con Colombia, la actividad minera se produce en la cuenca del río Putumayo, donde comunidades indígenas son afectadas por las crecientes actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en la zona del Alto Putumayo.

Déficit hídrico y proyectos mineros

El 19 de setiembre de 2023 el Ejecutivo declaró la emergencia por 60 días por el inminente peligro de déficit hídrico, a 544 distritos de 14 departamentos: Apurímac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna.

En 2023, de acuerdo con el Banco Mundial, Lima presentó el volumen de almacenamiento de agua más bajo de los últimos cinco años.

En los países de América Latina y El Caribe, la capacidad de almacenamiento es de 2500 m3 per cápita en promedio, en el Perú apenas llegamos a 180 m3.

Ana Leyva cuestionó el doble discurso gubernamental. “A pesar que el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia por déficit hídrico, apoya la ejecución de la mina Ariana sobre la zona productora de agua más importante para Lima y Callao”.

“Si la mina Ariana empieza a operar, pondría en riesgo la distribución de agua potable para casi 11 millones de personas” alertó Leyva.

“Este proyecto [Ariana] pretende instalarse donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Transandino) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha”, precisó Leyva. 

Río Blanco sin licencia

David Velasco, director de Fedepaz, destacó la persistente controversia vinculada al proyecto minero Rio Blanco en Piura, señalando que, a pesar de la ausencia de licencia social, el gobierno impulsa su avance.

“Se trata de sacar adelante el proyecto minero Rio Blanco cuya inversión, según se ha informado, es de 2400 millones de dólares, pero de salir adelante se afectarían cabeceras de cuenca y colchones acuíferos” explicó Velasco.

Con ello se perjudicaría el desarrollo económico de los lugareños basado en la agricultura o el turismo, complementó el representante de Fedepaz.

Por otro lado, expresó su preocupación al cuestionar la concesión de territorios habitados por comunidades indígenas o rurales bajo el pretexto de impulsar la economía.