CIDH: denuncian crisis humanitaria en el Putumayo

Pueblos indígenas, campesinos y grupos de derechos humanos colombianos denuncian ante la CIDH la crisis humanitaria en el Putumayo y exigen justicia por la masacre de El Remanso de 2022.

Servindi, 12 de noviembre, 2023.- El gobierno colombiano debe abordar la situación de violencia y emergencia humanitaria que afecta a los habitantes del departamento de Putumayo y brindar justicia por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la comunidad rural de El Remanso.

Tal fue la demanda de representantes comunitarios de la región del Putumayo y grupos de la sociedad civil que los acompañan en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sandro Piaguaje, delegado de la Coordinación por los Derechos Humanos y la Paz de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), destacó la estrecha relación entre la violencia en el Putumayo y la presencia de multinacionales.

Piaguaje, miembro del pueblo Siona, denunció los impactos que sufren desde hace muchos años debido a las compañías petroleras multinacionales, las concesiones mineras, la extracción ilegal de oro y el avance de los cultivos ilícitos.

Uno de los departamentos más devastados de Colombia

Todo ello, combinado con la dinámica del conflicto armado, “ha convertido al Putumayo en uno de los departamentos más devastados de Colombia”, afirmó el delegado de la OPIAC.

Las acciones de las Fuerzas Armadas, post Plan Colombia, han priorizado la protección de las infraestructuras. y los intereses de las empresas petroleras y mineras, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, afirmó.

Yarley Ramírez, gobernadora del Concejo de Bajo Remanso, relató que la comunidad ha sufrido mucho a raíz de la masacre cometida en marzo de 2022 y ha perdido la confianza en la Fuerza Pública y vive con miedo.

Yarley asumió el cargo de gobernadora luego del asesinato del gobernador Pablo Panduro en la masacre y que provocó un vacío en el liderazgo indígena, profundizando las dificultades de la comunidad para lograr la titulación de sus territorios.

En esa lucha llevan 18 años sin avances significativos para la seguridad jurídica de sus tierras y sus habitantes. Tampoco han recibido las medidas de protección, reparación y garantías de no repetición solicitadas tras la masacre.

Rodolfo Pama Lozada, padre del estudiante Brayan Santiago Pama, de 16 años, una de las víctimas de la masacre de Remanso, habló sobre el impacto devastador que ha tenido este suceso en su vida y comunidad.

Denunció que los avances presentados por la Fiscalía no son suficientes para garantizar los derechos de las víctimas al debido proceso, acceso a la verdad, justicia y reparación.

Pama Lozada exigió la participación de las víctimas en el proceso y el acceso al expediente penal, lo que ha sido negado por la Fiscalía desde un inicio.

Respuesta insatisfactoria

Luego de escuchar a los delegados del gobierno nacional que participaron en la audiencia, los peticionarios de la sociedad civil colombiana, que respaldan esta afirmación, señalan que la respuesta del gobierno colombiano fue insatisfactoria.

En general, los datos presentados no abordan la complejidad del clima de violencia y abandono en el departamento de Putumayo. En algunos casos, la información proporcionada no corresponde a la que poseen los representantes de las víctimas o las comunidades.

Esta perspectiva gubernamental parece continuar un patrón que estigmatiza a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, desconociendo los estándares nacionales e internacionales reconocidos para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Peticiones concretas

Los peticionarios solicitan que la CIDH, en el ámbito de sus facultades de seguimiento y promoción, designe un punto de contacto que permita a la Comisión estar informada sobre la emergencia en el Putumayo.

Ello implicaría evaluar y priorizar las medidas cautelares que se presentarán en el corto plazo ante la grave y urgente situación de las comunidades.

Además, considerando las comunicaciones públicas anteriores de la Comisión, solicitan que se emita un pronunciamiento público oficial recordando sus estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, la verdad y la reparación, tales como:

• La jurisdicción militar no es competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos; debería estar bajo el sistema de justicia civil.

• Las investigaciones deben realizarse con la debida diligencia, rapidez, imparcialidad y garantizando la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, así como pleno acceso a los expedientes y las investigaciones.

• El objetivo de la investigación debe ser determinar el grado y forma de implicación de cada autor, tanto material como intelectual, y establecer sus correspondientes responsabilidades.

• Mientras continúa la investigación de los hechos, el gobierno debe garantizar los derechos humanos de las víctimas y brindarles garantías de protección, una vida digna y un acceso efectivo a la atención de salud.

Asimismo, los peticionarios solicitan que el gobierno colombiano, en el marco de esta audiencia, se comprometa a invitar a la Comisión Interamericana a realizar una visita in loco al departamento de Putumayo.

Además, como parte del seguimiento de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana a Colombia en junio de 2021, la Comisión debería formar un grupo de trabajo para revisar recomendaciones que involucren a la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, junto con las autoridades pertinentes.

Llamado a entidades del gobierno colombiano

Los peticionarios llaman a que el gobierno adopte políticas institucionales para abordar el conflicto no a través de la militarización sino a través de medidas que permitan la transformación territorial con justicia social y ambiental.

También se llama a la activación de rutas e implementación de medidas de protección, acceso y regulación colectiva e individual de los territorios indígenas y campesinos a través de la titulación de tierras.

Ello les permitirá decidir sobre el uso de sus tierras amenazadas frente a la posibilidad de explotación petrolera o minera y otras concesiones.

Durante la audiencia también se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que permita a las víctimas ejercer sus derechos brindando acceso a copias del expediente sobre la masacre de Remanso.

Tal pedido se sustenta considerando los estándares interamericanos y los lineamientos trazados por la Comisión y la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2020.

De igual manera, se instó al Tribunal Constitucional a resolver prontamente el conflicto competencial solicitado por la Jurisdicción Penal Militar.

La petición e informe es suscrita por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asociación MINGA y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Asimismo, por la organización internacional Amazon Watch, la Fundación RFK y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).