Servindi, 9 de abril, 2024.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la “Ley Antiforestal” aprobada por el Congreso y otorgó un plazo de 30 días para que se apersone y conteste la demanda.
La demanda fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N. ° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para incentivar la deforestación.
Además, la norma vulnerara la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales contra delitos forestales.
Acceder al auto del TC que admite la demanda con un clic en el siguiente enlace: https://goo.su/7hxu8J
La resolución que admite la demanda lleva la firma de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional y corrobora que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad.
Tales criterios se encuentran establecidos en la Constitución Política, el Nuevo Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
La demanda sostiene que la aprobación de la Ley N. ° 31973 incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales que tienen rango constitucional.
Asimismo, argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas que son afectados por la expedición de dicha norma.
Además, vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política.
Finalmente, sostiene que dicha norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas y pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que tienen procesos penales en curso.
Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental se han pronunciado para exigir la derogatoria de dicha norma.
Entre ellas, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), entre otras, emitieron pronunciamientos para exigir la derogatoria de dicha norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
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