Foto: Eddy Ramos / Agencia Andina.
Servindi, 7 de febrero, 2023.- Numerosas instituciones de la sociedad civil y personas adheridas suscribieron una carta abierta en la reflexionan sobre la crisis polìtica actual y exigen medidas urgentes como la renuncia de Dina Boluarte, que alcanza un amplio conenso ciudadano.
Otra exigencia es el cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores.
También se prioriza las Elecciones generales para 2023 y una nueva junta directiva en el Congreso, “con credenciales democráticas y de honestidad, que posibilite las elecciones el 2023”.
Entre las demandas ciudadanas se encuentra el referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras cosas, “debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la pluriculturalidad del Perú”.
Racismo e desinformación
Preocupan las campañas de desinformación y el discurso racista y discriminador “que polariza a la población” y “revictimiza a los muertos de la población que protesta, acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes”.
La carta abierta afirma que “los medios de comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo”.
Otros temas puntuales
La carta abierta aprovecha la ocasión para demandar la atención del derrame de petróleo ocurrido en la región Amazonas, en el Km. 389+196 Tramo II del oleoducto Nor-peruano.
Este derrame es desatendido por el gobierno central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha, “lo que pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas”.
Asimismo, se hace eco de las demandas de las organizaciones indígenas y exige archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR “que atenta directamente contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)”.
De igual modo, solicitan archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría en peligro los Bosques de nuestro país y que se encuentra en la agenda del Congreso, a pesar del rechazo de organizaciones públicas e indígenas.
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El Perú vive una larga y cada vez más honda crisis política que nos ha llevado, entre otras cosas, a que, en 6 años, tengamos 6 presidentes de la república, a la casi desaparición de los partidos políticos y su reemplazo por agrupaciones organizadas para elecciones, sin ideario, y que luego de ganarlas, rompen los vínculos con sus electores, actuando a favor de intereses particulares. La última etapa de la crisis se gestó hace dos años, cuando la clase política buscó desconocer los resultados de las últimas elecciones generales y anular el voto rural, de campesinos y campesinas, y de pueblos indígenas. En ese momento éstos se vieron en la necesidad de marchar a Lima a defender su voto. Luego de ello, la clase política, más conservadora, buscó sin tregua, desde el Congreso y los medios tradicionales de comunicación, desconocer y debilitar la autoridad del Presidente elegido, con un discurso de alto contenido racista y discriminador. Al margen de lo que Pedro Castillo hizo mal en el ejercicio del poder, esta población rural e indígena sintió, hasta el final, que no lo dejaban gobernar por razones de su origen campesino. Esa percepción, que tenía muchos elementos de realidad, fue alimentada por Pedro Castillo y Dina Boluarte y otros personajes del gobierno. En este contexto, Dina Boluarte asumió el poder, sin buscar una comunicación con sus electores, y olvidándose del discurso que había manejado hasta ese momento y de su promesa pública de irse si salía Castillo. Esta situación generó la protesta de quienes se sintieron traicionados. La situación se agravó cuando, Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, dejó sus posturas de cambio social y se alió con los sectores políticos más conservadores (dentro y fuera del Congreso de la República), el sector de medios de comunicación tradicional y las fuerzas del orden. Desde ese momento, implementó medidas represivas muy duras contra las manifestaciones sociales crecientes. Ella y su consejo de ministros, han permitido el uso de armas letales contra los manifestantes y de armas no letales sin el uso reglamentario. De esta manera, hasta el día de hoy, las fuerzas del orden han ocasionado la muerte de más de 50 personas y decenas, sino cientos, de heridos. Esta opción represiva ha dado lugar a una respuesta violenta de pequeños grupos de manifestantes, que, en vez de ser aislados, han sido utilizados por el gobierno para acusar a todos de violentos, y justificar el uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía. Estos y otros hechos han llevado al gobierno a perder su legitimidad de origen y convertirse en un gobierno autoritario, que se mantiene en el poder por la fuerza. Simultáneamente, a ello, el Congreso de la República viene aferrándose al poder y de espaldas a la grave situación que enfrentamos, ha venido dando leyes que perjudican a poblaciones en situación de vulnerabilidad como es el caso de los pueblos en aislamiento voluntario; todo esto y más, en favor del interés de unos pocos. En este contexto, exigimos: - El cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores. - La renuncia de Dina Boluarte Elecciones generales este año 2023. Una nueva junta directiva en el Congreso, con credenciales democráticas y de honestidad, que posibilite las elecciones el 2023. - El cese de campañas de desinformación y de un discurso racista y discriminador, que polariza a la población y que revictimiza a los muertos de la población que protesta, acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes. En este caso, los medios de comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo. - Atender el derrame de petróleo suscitado en la región Amazonas en el Km. 389+196 Tramo II del oleoducto Nor-peruano, que viene siendo desatendido por el gobierno central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha. Esta actitud gubernamental, pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas. - Archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR que atenta directamente contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). - Archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría en peligro los Bosques de nuestro país. - Referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras cosas, debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la pluriculturalidad del Perú.
Firman,
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