Inicia expulsión de colonos ilegales en tierras indígenas

Los grileiros se adueñan de tierras indígenas que convierten en propiedad privada. Fuente de la iagen: The Intercept Brasil. Los grileiros se adueñan de tierras indígenas que convierten en propiedad privada. Fuente de la iagen: The Intercept Brasil.

Servindi, 5 de octubre, 2023.- El gobierno de Brasil comenzó el lunes 2 de octubre a expulsar a cerca de 1,600 familias no indígenas que ocupan de forma ilegal territorios nativos, conocidos como grileiros o acaparadores de tierras.

Los grileiros se les llama a las personas que mediante técnicas fraudulentas como coimas, contactos, documentación falsa, logran convencer al Estado de que son los dueños de una tierra y consiguen un título de propiedad.

Las zonas ocupadas ilegalmente ubicadas en el estado de Pará, son las tierras indígenas Apyterewa, que está protegida desde 2007, y Trincheira Bacajá, que es de uso exclusivo de los indígenas desde 1996.

Ambos territorios suman una extensión de 2,4 millones de hectáreas y albergan a cerca de 2.500 indígenas de las etnias Parakanã, Mebengôkre Kayapó y Xikrim, que viven repartidos en 51 aldeas.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) afirmó en un comunicado que el objetivo es devolver a los pueblos originarios las tierras ubicadas en el estado de Pará. 

La operación fue ordenada por el Tribunal Supremo del país y otros jueces. La Abin no detalló si la expulsión de los acaparadores de tierras se realizó de forma enteramente pacífica y voluntaria, como pretendía el Gobierno federal.

La acción adoptada por el gobierno de Brasil es una muestra del giro político que ha adoptado el presidente Lula da Silva en cuanto a la protección de la Amazonia y sus pueblos respecto al anterior gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. 

Unas 10.000 personas no indígenas viven dentro de los dos territorios, pero son poco más del 15 por ciento los que ocupan tierras de forma ilegal, estiman los grupos indígenas.

“La presencia de extraños en tierras indígenas amenaza la integridad del (pueblo) indígena y causa otros daños, como la destrucción de bosques”, señaló la agencia en su comunicado.

Los grileiros viven ilegalmente en esa región y algunas participan en actividades ilegales como la ganadería y la minería de oro y también practican la tala ilegal. "También destruyen la vegetación autóctona", agregó.

Es el caso, sobre todo, del territorio de Apyterewa, que sufrió la mayor deforestación de todas las tierras indígenas de Brasil durante cuatro años consecutivos, según datos oficiales.

"La situación no es fácil, pero cualquier ocupación ilegal es crimen y la legislación brasileña tiene que ser cumplida", declaró Sônia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas, en una entrevista radial.

Guajajara dijo tener identificadas 32 tierras indígenas con invasores y que hay registros de indígenas que viven aislados en esos territorios selváticos y que han sido contactados recientemente.

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La aldea ocupada de Renascer dentro del territorio indígena Apyterewa, en el estado de Pará, Brasil, el 23 de julio de 2020. Fabiano Maisonnave / LaPresse

Imágenes obtenidas por los medios locales y compartidas en las redes sociales en setiembre mostraron a cientos de personas no indígenas viviendo en una ciudad recién construida con restaurantes, bares e iglesias en lo más profundo de las tierras de los Parakana.

Este pueblo indígena también ha sido víctima de ataques directos de los grileiros con el fin de perpetuar la invasión ilegal de sus tierras. 

Otras autoridades que participaron en la acción del lunes fueron el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, la agencia de protección ambiental IBAMA, la policía federal y las fuerzas armadas, entre muchos otros.

Muchos de estos organismos tuvieron sus poderes limitados e hicieron poco para proteger los territorios de los pueblos indígenas durante la administración de Bolsonaro entre 2019 y 2022.

La invasión de dichos territorios en los últimos años llevó al máximo tribunal de Brasil a consagrar los derechos territoriales indígenas al rechazar una demanda respaldada por agricultores que buscaba impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial. 

En el caso ante el tribunal, el estado de Santa Catarina argumentó que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil (5 de octubre de 1988) debería ser la fecha límite para que los pueblos indígenas ya hayan ocupado físicamente tierras o estén luchando legalmente para volver a ocupar territorios.

Nueve de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil fallaron en contra de ese argumento, una decisión que tiene implicaciones de largo alcance para los territorios de todo el país.

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