Servindi, 4 de noviembre, 2024.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país.
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El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Sergio Zanabria y una invitada especial; y redactado por el equipo de prensa de Servindi.
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Resumen semanal nacional del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024
Ley Antiforestal. El martes 5 de noviembre a las 9:00 a. m. se realizará la audiencia de vista de la causa en la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31973, ampliamente conocida como la Ley Antiforestal.
La sesión convocada por el Tribunal Constitucional abordará las demandas presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú - Región Lima y Callao, representado por Majed Velásquez Véliz.
Asimismo, la demanda presentada por el Gobierno Regional de San Martín, representado por el gobernado Walter Grundel Jiménez y el Colegio de Abogados de Lambayeque, representado por su decano César Vargas Rodríguez.
¿Por qué es tan mala la Ley Antiforestal? Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal, sostiene que la cuestionada Ley es mala, peligrosa y “convalida la deforestación realizada hasta antes de la Ley 31973”.
La norma “alienta la legalización y la formalización de actividades ilícitas como el cambio de uso de tierras con aptitud forestal en tierras agrícolas, la tala ilegal, la deforestación y el desbosque”.
Además, “fomenta que propietarios y poseedores de predios ubicados en la Amazonía deforesten los bosques que se encuentran en dichas tierras, sin necesidad de contar con los estudios pertinentes de calificación de tierras”.
Conflicto en ciernes. Si el Estado peruano no corresponde al plazo dado por organizaciones indígenas en zona petrolera de Loreto, será responsable de otro conflicto en la Amazonía.
Así lo alerta la organización nacional Aidesep, que recuerda al Estado el plazo dado hasta fines de octubre por un centenar de comunidades que exigen el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa de los lotes de hidrocarburos 192 y 8.
El plazo en cuestión fue anunciado el 27 de setiembre por cinco organizaciones base de Aidesep (Fediquep, Feconacor, Feconaco, Opikafpe y Acodecospat), pero hasta ahora no habría sido atendido.
Chuschi. Hugo Martínez Aloja, exjefe político militar de Huamanga y el Capitán del Ejército Marco Aguilar Biaggi fueron condenados a 17 y 16 años de prisión respectivamente, por la desaparición forzada de comuneros de Chuschi, en Ayacucho.
La sentencia se da después de cinco años de juicio oral y más de tres décadas de los hechos en los que se desapareció a comuneros en marzo de 1991.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora también resolvió inhabilitarlos por 4 años, dictar impedimento de salida del país y ordenar la captura de ambos a nivel nacional e internacional al ser hallados culpables de desapariciones forzadas.
Derrame en el Pastaza. El crudo derramado en la cuenca del río Pastaza el 3 de octubre recorrió 75 kilómetros aguas abajo y abarcó un área de 18 750 m2 aproximadamente.
Así lo reveló la Federación Indígena Quechua del Pastaza luego de solicitar información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El documento precisa que el derrame ocurrió mientras se realizaban actividades de presurización y tratamiento químico en la tubería del Oleoducto Norperuano.
La información descartaría cualquier presunción de responsabilidad de terceros, aunque Petroperú no ha señalado las causas del derrame.
Victoria para el río Marañón. La Sala Civil de la Corte de Loreto ratificó la sentencia del Juzgado de Nauta dada en marzo de 2024, que declara al río Marañón y sus afluentes como sujeto de derecho.
“Este logro es para la Amazonía y el país, pero también para el mundo entero” dijo Mari Luz Canaquiri, presidenta de la federación Huaynakana Kamatahuara Kana.
“Defender los ríos es parte de nuestras vidas, para dejar como herencia a las futuras generaciones” dijo emocionada al conocerse el fallo judicial.
El resultado es producto de la lucha emprendida por un grupo de mujeres del pueblo Kukama Kukamiria asentada en el distrito de Parinari en Loreto desde 2021, frente a los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano de Petroperú.
Contacto peligroso. Un agente de protección de Fenamad quedó herido tras la aparición de un grupo de indígenas del pueblo Mashco Piro en Madre de Dios.
Se trataría de la segunda aparición de indígenas mashco piro en 2024, esta vez, a tres horas de la comunidad nativa Monte Salvado, en el distrito Las Piedras, provincia Tambopata, en Madre de Dios.
El hecho sucedió el sábado 26 de octubre cuando agentes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y del Ministerio de Cultura (Mincul) patrullaban la zona en una embarcación fluvial.
Ley antijurisprudencia. Pese a la oposición de organizaciones indígenas y expertos, el Congreso aprobó en segunda votación un proyecto de ley que recorta derechos a los pueblos indígenas.
El Ejecutivo de Dina Boluarte será ahora quien decida si promulga u observa la autógrafa que dejaría en grave desprotección jurídica a los indígenas al desconocer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor.
Esto debido a que la iniciativa legislativa establece que solo será de cumplimiento obligatorio para el Perú la jurisprudencia de la Corte en los casos donde el Estado haya sido parte, es decir, en casos contra el Estado peruano.
Esto representa un peligroso retroceso porque muchas decisiones de la Corte fijan estándares de protección de derechos para toda la región en casos en los que el Estado peruano no fue parte.
¿Golpe ambiental? El ministro del Ambiente Juan Carlos Castro pidió al Consejo de ministros aprobar de urgencia un decreto supremo que declare en modernización y reorganización el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones (SENACE).
Expertos sostienen que pretender realizar cambios en el SENACE mediante un decreto es desconocer la autonomía de este organismo que tiene rango de ley.
Especialistas como José de Echave y César Ipenza coincidieron en que todo cambio debería hacerse por ley y no descartan que se prepare un nuevo golpe a la institucionalidad ambiental.
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